Acuerdo petrolero bajo la lupa

Por Gustavo Porfiri

El pasado 28 de agosto el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la noticia: los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela alcanzaron lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial". Luego lo anunció Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Lo cierto es que -más allá de los anuncios- es casi nula la información disponible para hacer análisis detallados.

Poco después del anuncio de Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, refrendó lo dicho por el mandatario y se refirió al pacto como una "gran victoria" para EE.UU., inscrita en el agresivo enfoque de política exterior 'America first', también conocido como 'Doctrina Donroe' haciendo alusión a la vieja Doctrina Monroe. Más allá del nombre, la Casa Blanca se arroga el derecho de controlar las vastas reservas de recursos naturales de la región por motivos de seguridad nacional, incluso si para ello debe secuestrar a un presidente a punta de fusil como ocurrió en enero en Caracas.

Más tarde, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio las primeras precisiones sobre lo acordado. Además de agradecer directamente a Trump y a Rubio  "por su disposición en el desarrollo del acuerdo" y de valorarlo como un "hito histórico" en los nexos binacionales, la dignataria afirmó que la iniciativa fue el resultado "del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y EE.UU.". Respecto de estas consideraciones se desataron una catarata de comentarios en todas las plataformas digitales de la región y del mundo. Algunos opinan que la mandataria caribeña es una simple traidora a los principios de la Revolución Bolivariana, y otros argumentan que no tiene margen para otra cosa ya que está de rodillas y con una pistola en la cabeza ante el cabecilla de un imperio mafioso que no dudaría en bombardear Venezuela si Rodríguez no tomaba la lapicera para firmar el convenio petrolero. A estas alturas, por si alguien se ha olvidado, estamos hablando de la presidenta del país que posee las mayores reservas de petróleo del planeta, en el marco de una tremenda crisis energética provocada entre otras cuestiones por el ataque de EE.UU e Israel contra Irán en febrero de este año. Según datos oficiales, esas reservas superan los 303.000 millones de barriles (17,3 % del total)  y equivalen a más de 500 años de explotación al ritmo actual, estimado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1,2 millones de barriles por día, al cierre de julio de 2026.

Los números

Según detalló Rodríguez, el acuerdo —suscrito por 25 años— "facilitará un importante flujo de inversiones destinadas a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo" de la industria local de hidrocarburos, fuertemente golpeada por más de una década de duras sanciones estadounidenses.

Si bien todavía no se conoce el texto de lo acordado entre Caracas y Washington, la presidenta venezolana adelantó que contempla "el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios". Como ejemplo, dijo que tomando 65 dólares como precio de referencia por barril, los ingresos de Venezuela llegarían a los 209.335 millones de dólares, lo que significa que por cada barril producido y vendido, el país estaría recibiendo cerca de 19 dólares.

Otro aspecto que hay que considerar es que en su artículo 12, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en 1999 tras su aprobación en un referéndum popular, consagra que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles". Cuando se haga público el texto completo del convenio habrá que ver si calza con el espíritu de la Carta Magna bolivariana.

En este sentido, otra de las dudas que genera este pacto petrolero -según los expertos- es su viabilidad y cómo se adaptará a los marcos legales de ambas naciones, cuyas relaciones diplomáticas y políticas estaban interrumpidas desde 2019, en medio de acercamientos intermitentes sin éxito. Las consultoras Signum Global y Alpine Macro, citadas por Bloomberg, también se preguntan sobre cuál será la participación de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Y si bien en la recientemente reformada ley orgánica de hidrocarburos se ampliaron las posibilidades de participación de privados en el negocio petrolero por medio de contratos directos con la estatal Petróleos de Venezuela, o la conformación de empresas mixtas, el Estado venezolano está obligado a mantener la mayoría accionaria en el caso de las asociaciones con terceros –sean Estados o particulares–, tal y como figuraba en el instrumento sancionado originalmente en 2006, que está en armonía con lo que estipula la constitución.

Hasta ahora, sólo se pueden hacer análisis sobre los anuncios presidenciales, siendo casi nula la información disponible sobre el total de lo acordado. Habrá que que esperar, pero mientras tanto, parece quedar claro que las garras del águila están más afiladas que nunca.