Cuando ANSES se convierte en barrera: exigir lo imposible también es negar derechos

NOTA DE OPINIÓN / Por Doctora Susana Manzi

Una sentencia que obliga al Estado a recordar que la seguridad social no es un privilegio, sino un derecho humano.

La reciente sentencia de la Cámara Federal de San Martín, que autorizó a una mujer a cancelar en cuotas su deuda previsional bajo la Ley 27.705, es mucho más que un fallo favorable. Es un llamado de atención contundente —casi una advertencia— frente a un organismo que parece haber olvidado cuál es su función: garantizar derechos, no restringirlos bajo lógicas contables que terminan castigando la pobreza.

En el caso 'D.S.C.M. c/ ANSES', el organismo exigió que una mujer de 62 años, pensionada y con un ingreso por debajo de la línea de pobreza, abonara más de 2,3 millones de pesos en un solo pago para completar sus aportes.

Lo repito porque la irracionalidad merece ser subrayada: ANSES pretendía que una mujer pobre pagara al contado una deuda millonaria.

Literalidad usada como instrumento de exclusión

El argumento del organismo fue tan mecánico como injusto: superaba mínimamente el haber mínimo, por lo tanto 'no calificaba' para financiar la deuda. Este razonamiento, además de ciego, es jurídicamente insostenible.

El tribunal lo dejó en claro: 'Exigirle la cancelación inmediata […] implicaría imponerle una carga materialmente imposible y privarla del acceso a la jubilación.'

La ley previsional no fue creada para convertirse en un laberinto donde quienes tienen menos quedan automáticamente afuera. El principio de igualdad —art. 16 de la Constitución Nacional— no es decorativo. Mucho menos lo es el principio de razonabilidad.

La seguridad social no es un Excel

La interpretación rígida que ANSES intentó sostener es peligrosa porque desnaturaliza la finalidad misma de la seguridad social.

Un sistema previsional que exige millones al contado a quienes están bajo la línea de pobreza no es un sistema: es una ficción burocrática. Reducir la moratoria previsional a un criterio numérico desconectado de la realidad económica constituye no solo un error técnico, sino un retroceso institucional.

Las moratorias existen para incluir, no para medir milímetros de pobreza que habiliten o deshabiliten derechos. La Justicia tuvo que recordar lo obvio

La Cámara Federal reiteró algo que, en un país serio, no debería discutirse:

• las prestaciones previsionales son alimentarias;

• las personas mayores merecen protección especial;

• cualquier interpretación restrictiva está prohibida;

• en caso de duda, se debe aplicar la solución más favorable;

• y el acceso a la seguridad social no puede quedar sujeto a un pago imposible.

El hecho de que un tribunal tenga que explicarle todo esto a ANSES expone la gravedad del problema: el organismo está aplicando criterios que vacían de contenido derechos fundamentales.

Un Estado que exige lo que sabe que no se puede pagar

La exigencia de un pago único superior a dos millones de pesos no es ingenua ni técnica: es excluyente. Y cuando la exclusión es previsible, deviene deliberada. Quien exige lo imposible, no pretende recaudar: pretende impedir el acceso al derecho.

La sentencia, un límite necesario

El fallo restituye racionalidad y humanidad en un terreno donde ambas estaban siendo desplazadas. La Cámara no innovó; simplemente aplicó la Constitución, los tratados internacionales y la finalidad protectora del derecho previsional.

Lo que sorprende no es el fallo. Lo que sorprende es la obstinación del organismo en sostener una postura que lesiona derechos, discrimina y contradice abiertamente el marco jurídico vigente.

La seguridad social no puede funcionar como un filtro que selecciona quién merece jubilarse y quién no. No puede exigir lo que sabe que nadie puede pagar. No puede transformar la vulnerabilidad en una excusa para negar derechos.

Cuando eso ocurre, no estamos frente a un problema administrativo. Estamos frente a un Estado que renuncia a su rol protector. Y la Justicia —una vez más— tuvo que salir a recordarle lo elemental: la seguridad social es inclusiva o no es seguridad social.