Cuando incluir también es cuidar

Por Dra. Susana Manzi

La inclusión no es una opción ni un gesto de buena voluntad: es un derecho. Un reciente fallo judicial recordó que educar también es sanar, y que cada niño —con o sin discapacidad— merece aprender en un entorno que lo abrace, lo acompañe y lo haga crecer.

A veces, la Justicia llega para recordarnos algo que debería ser obvio: la educación también es salud.

Un juez federal ordenó a una prepaga cubrir la escolaridad de un niño con discapacidad en un colegio privado. Detrás de esa decisión judicial no hay un tecnicismo legal, sino una verdad profunda: el derecho a aprender, a desarrollarse, a ser incluido, forma parte del derecho a vivir con dignidad.

El fallo, dictado por el juez Oscar Papavero, obliga a la prepaga a pagar la escolaridad del niño, siguiendo la indicación de su médico tratante. El pequeño padece un retraso mental moderado y otros trastornos asociados que requieren un abordaje intensivo e interdisciplinario. Los especialistas coincidieron en que el entorno escolar común, con acompañamiento adecuado, era el espacio que mejor favorecía su desarrollo.

Sin embargo, la prepaga lo negó. Dijo que solo cubría 'escuelas especiales'.

Como si la inclusión tuviera un límite presupuestario.

Como si la integración escolar fuera un privilegio y no un derecho.

La Justicia, afortunadamente, dijo otra cosa.

Dijo que los niños con discapacidad tienen derecho a una vida plena, a ser incluidos, a recibir cuidados especiales que respeten su dignidad. Y que el interés superior del niño —ese principio que debería guiar todas las decisiones— no admite demoras ni excusas burocráticas.

El juez fue más allá: exigió que las partes mantengan un canal directo de comunicación —un mail, un teléfono, un WhatsApp— para evitar los laberintos administrativos que tanto hacen sufrir a las familias. Porque cuando se trata de salud y de infancia, cada trámite innecesario es una forma de maltrato.

Este caso no es menor. Es una muestra más de cómo, en la práctica, las familias deben judicializar derechos básicos para que se cumpla lo que la ley ya garantiza: el acceso a una educación inclusiva y a una cobertura integral de salud.

Como abogada y docente, lo veo todos los días: madres y padres agotados, profesionales que hacen malabares, y chicos que esperan —a veces demasiado— por algo tan simple como una oportunidad.

La verdadera inclusión no se mide por discursos, sino por decisiones concretas.

Cuando una sentencia ordena abrir una puerta que alguien quiso cerrar, no solo se hace justicia: se construye comunidad.

Y ojalá llegue el día en que no haga falta un fallo para entender que educar también es cuidar, y cuidar también es incluir.