Cuando se insulta a la justicia

NOTA DE OPINIÓN / Doctora Susana Manzi

Al llamar 'caranchos' a los abogados y abogadas laboralistas, el presidente Milei no sólo agravió a una profesión: atacó el corazón mismo del Estado de Derecho. Detrás del desprecio hay una intención política: deslegitimar la defensa de los derechos para allanar el camino a la injusticia.

Cuando un presidente decide insultar a los abogados y abogadas laboralistas, no está atacando a un grupo de profesionales: está cuestionando la función esencial de la justicia. Y eso, en democracia, no puede ni debe pasar inadvertido.

Las palabras del presidente Javier Milei, al llamar 'caranchos laborales' a quienes ejercemos en el fuero laboral, no son un exabrupto más. Son una declaración de principios ideológicos. Expresan una mirada que considera que los derechos son un obstáculo, que los trabajadores son un costo y que quienes los defendemos somos enemigos del 'mercado libre'.

La Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires respondió con la claridad que el momento exige: repudiar estas expresiones que degradan la profesión y exhiben un profundo desconocimiento de las instituciones judiciales. Y el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, recordó algo que no puede olvidarse: los abogados no hacemos las leyes ni las aplicamos; las defendemos.

Pero parece que hoy defender derechos molesta. En nombre de la libertad se desprecia la justicia; en nombre del orden se descalifica al que reclama. Detrás de esa narrativa —la de la 'industria del juicio'— se esconde un objetivo político claro: debilitar a quienes garantizan la aplicación de las leyes para dejar desprotegido al ciudadano común.

No hay nada más funcional al poder económico que un pueblo sin abogados y abogadas que lo defiendan, sin sindicatos que lo representen y sin jueces que lo escuchen.

Y eso es exactamente lo que se busca cuando se instala la idea de que el reclamo es un negocio y que la justicia es un obstáculo.

La historia argentina conoce estos intentos: cada vez que se quiso hacer 'tabla rasa' con los derechos laborales, hubo primero una campaña de desprestigio contra quienes los defendían. Cambian los discursos, pero el método es el mismo. Por eso debemos estar alerta. Porque ningún proyecto de país puede sostenerse destruyendo la confianza en la justicia.

Como abogada, como docente y como ciudadana, me niego a aceptar la lógica del agravio. Nuestra tarea es —y seguirá siendo— defender el derecho, acompañar a quienes sufren una injusticia y recordar que la ley no es un capricho, sino el límite del poder. Y si defender derechos nos convierte en 'caranchos', entonces llevemos ese nombre con orgullo.

Porque el verdadero peligro para la Nación no está en los abogados y abogadas que defienden trabajadores, sino en los gobernantes que desprecian la justicia.

Hoy más que nunca, debemos levantar la voz. Porque callar ante el agravio es permitir que avancen sobre los derechos. Y porque —como bien expresó la Caja de la Abogacía— no hay República sin justicia, ni justicia sin abogados ni abogadas.