Día clave para la discapacidad

En un contexto de recortes y el escándalo por presunta corrupción en la compra de medicamentos en la ANDIS, el Senado define hoy el rechazo del veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. Está en juego el futuro de miles de personas que denuncian un "doble ajuste" y el maltrato oficial.

Luego del rechazo en Diputados, el Senado sesionará desde las 11 para revertir el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por Daniel Arroyo. El debate ocurre en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los recortes en pensiones y prestaciones. Las familias y organizaciones resisten: cumplen el rol que debería ocupar el Estado, señalan el doble ajuste y la deshumanización y aseguran que 'el Gobierno instaló discursos sobre la corrupción que se le volvieron en contra'. 

Por Martina Dentella 

'Las organizaciones cumplimos el rol que debería cumplir el Estado'

Darío Corrao, presidente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (FETAP), dirige el taller Dignidad Chivilcoy, que emplea a 28 personas con discapacidad en la producción de panificados. Los productos se venden a empresas, al municipio y a la comunidad, lo que además de generar empleo, fomenta la integración social de los trabajadores.

A pesar de su crucial función, los 267 talleres protegidos en Argentina enfrentan una situación crítica. Corrao denuncia que ni el sector público ni el privado cumplen con los cupos laborales para personas con discapacidad establecidos por ley.

Los trabajadores de los talleres reciben del Gobierno nacional un subsidio mensual de $28.000, un monto insuficiente que apenas cubre sus necesidades. Sin embargo, explica que 'los talleres operan bajo las mismas obligaciones fiscales que una empresa y hoy están con deudas millonarias y sin el apoyo financiero necesario'. Si bien tienen una beca provincial que reciben por cada operario, no logran cubrir los altos costos operativos, lo que los hace depender de la ayuda de la comunidad.

Hoy las familias conviven con la incertidumbre: no saben si les van a cortar los tratamientos o no, si van a poder sostener los talleres protegidos, y para los acompañantes es cada vez más difícil cumplir con su tarea. Pero Corrao destaca la importancia del tratamiento en el Congreso de la ley de Emergencia en Discapacidad, porque ha visibilizado la grave situación que enfrentan estos espacios y ha puesto en la agenda pública la necesidad de un mayor apoyo estatal. "Para nosotros es súper importante porque ahora el Estado y la sociedad saben de qué estamos hablando", afirma.

??'Para las personas con discapacidad hay una doble deshumanización, un doble ajuste'

Acción Colectiva trabaja para la inclusión socioeconómica de personas con problemas de salud mental. En el barrio porteño de Villa Crespo tienen una tienda social que comercializa productos elaborados por personas con discapacidad. Trabajadora de la salud mental comunitaria y presidenta de esta asociación civil, Celeste Romero describe el contexto actual como 'totalmente deshumanizado en relación a la cuestión laboral, al ajuste, a los despidos'. Y destaca que esta situación afecta de manera particular a las personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras adicionales para ejercer sus derechos y lograr autonomía.

Según su mirada, la inclusión laboral de este colectivo requiere de más apoyo y capacitación; y subraya que la falta de este apoyo dificulta la inserción real en el mercado de trabajo. A esto se suma que los contextos laborales muchas veces no están preparados para asumir e integrar en los equipos personas que requieren otro nivel de apoyo. Así se genera 'una doble deshumanización, hay un doble ajuste'.

Romero explica que un empleo formal cambia el estatus de las personas con discapacidad, ya que les permite identificarse por su profesión (cocinero, administrativo, profesional) en lugar de su condición. Además, un salario justo les brinda un nivel de autonomía y les permite participar en la economía de sus familias. El acceso al empleo también moldea su vida, desde la rutina diaria y las interacciones sociales hasta la posibilidad de irse de vacaciones.

La presidenta de Acción Colectiva evalúa de manera positiva el tratamiento de la ley de Emergencia en Discapacidad: "La experiencia es altamente positiva porque pudieron visibilizar un reclamo que venía ya desde hace un tiempo". La ley busca ordenar el nomenclador, promover un trato justo y no violento, y reorganizar el sistema de atención para este colectivo, no sólo en términos de recursos, sino también de prestaciones, con el fin de lograr "una inserción plena en la comunidad, una integración en lo territorial, en lo barrial y no sólo en los ámbitos de salud".

'El Gobierno ha instalado discursos sobre la corrupción que se le volvieron en contra'

El cura Pablo Molero integra y coordina el Foro de Discapacidad desde sus comienzos, en 1997. Pero la temática era parte de su agenda desde mucho antes: en 1991 comenzó a acompañar, desde el Arzobispado de Buenos Aires, a un grupo de jóvenes con discapacidad. Desde allí, comenzó a relacionarse con otras organizaciones de la sociedad civil e integró la Comisión Nacional de Discapacidad. 

Para Molero, el reciente embate del Gobierno contra este sector generó una participación sin precedentes por parte de las propias personas con discapacidad y sus familias. 'Es un cambio significativo, ya que permite que quienes viven la problemática en primera persona tomen un rol activo y dejen de ser vistos como 'meros receptores de servicios'', explica.

Molero subraya que el conflicto actual va más allá de un simple desacuerdo político: se trata de un "cambio cultural" en la concepción del rol del Estado. La postura del Gobierno, que minimiza la intervención estatal en la vida de los ciudadanos, deja a las personas con menos recursos y en situaciones complejas sin el apoyo necesario para salir adelante. 'Nosotros creemos que el Estado tiene que estar allí cerca de las situaciones complejas para poder apoyar. Pero el Presidente no tiene ningún reparo en decir ciertas cosas y eso provocó la reacción de mucha gente', indica. Y señala que 'basándose en la corrupción que ha habido, han instalado ciertos discursos que ahora -aunque hay que esperar que lo demuestre la Justicia- se le vuelven en contra'. 

'La salud mental es el último orejón del tarro'

Mariana Pacheco es licenciada en Psicología y presidenta de la cooperativa Apalabrar Salud Mental. En diálogo con Cuatro Palabras, dice que el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad no sólo afecta a los profesionales de la salud, sino también a las familias y a las propias personas con discapacidad, quienes enfrentan un alto nivel de estrés en el actual contexto de crisis.

A través de su cooperativa, que funciona desde 2006 como empresa social, ha trabajado en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad psicosocial, un ámbito que considera fundamental para su desarrollo personal y económico. "El impacto en la vida de las personas con discapacidad que se acercan al mundo laboral son muy positivos, ya sea en lo subjetivo, en lograr cada vez más una vida autónoma como en lo económico", asegura. Para ella, el cooperativismo es el sector ideal para proveer lo que las personas con discapacidad necesitan para un "trabajo real, un trabajo decente, un trabajo asociativo" debido a sus valores y principios.

Pacheco coincide con la idea de que la "crueldad está de moda", un concepto expresado por el escritor Martín Kohan. Sin embargo, advierte que 'no hay que quedarse únicamente en ese análisis'. Por ello, la respuesta al veto y a otras políticas que intentan "anular" los derechos adquiridos debe ser, a su juicio, 'con políticas públicas'. Y considera que precisamente la ley de Emergencia en Discapacidad es una 'respuesta política' a la postura del gobierno. Con vistas a la sesión de hoy en el Senado, Pacheco mantiene una "expectativa enorme", confiando en que la ley "va a salir'.