El colapso del PAMI

El colapso en el sistema de atención del PAMI representa un ataque directo contra el derecho a la salud y a una vida digna de nuestros adultos mayores. Porque está claro que las principales víctimas de esta debacle son los millones de jubiladas y jubilados que enfrentan cada día más obstáculos para acceder a medicamentos esenciales y tratamientos clave para su salud. Así sufren la restricción de un derecho humano fundamental. Con una deuda con prestadores que supera los $500.000 millones y severas trabas en la atención de sus más de cinco millones de afiliados, aquella que durante años fue la obra social más grande, prestigiosa y solidaria de Latinoamérica enfrenta un riesgo cierto de vaciamiento.  Este ahogo financiero responde, en gran medida, a la eliminación dispuesta por el Ejecutivo nacional del Impuesto PAIS: de los $2,8 billones que debían ingresar por esa vía, el Tesoro Nacional compensó apenas $0,9 billones hasta julio. A este desfinanciamiento se le suma el recambio permanente de autoridades que dan un paso al costado antes que quedar asociadas a este proceso de vaciamiento. En los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores por sobre el promedio a causa de la falta de medicamentos y prestaciones oportunas. Pero los jubilados y jubiladas no pueden ser la variable de ajuste para lograr un supuesto superávit fiscal que solo se queda en maquillaje. Proteger al PAMI y reestablecer de inmediato la plenitud de sus servicios es un deber moral hacia los adultos mayores y todas aquellas personas que hoy realizan sus aportes y van a utilizar sus servicios en los años que vienen.