Entre demandas y silencios

Por Washington Uranga

La relación entre el gobierno que encabeza Javier Milei y las autoridades de la Iglesia Católica en Argentina se hace cada vez más tensa y difícil. El episcopado católico, presidido por el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, amontona críticas que solo tienen por respuesta el silencio oficial. Una y otra vez los obispos apuntan a la inoperancia del oficialismo en políticas públicas que perjudica sobre todo a quienes el papa Francisco mencionaba como los 'descartados': pobres, indigentes, desocupados, pero también ancianos, jubilados, personas con discapacidad o privadas de su libertad. 

Al culminar la reciente multitudinaria peregrinación al santuario de la Virgen de Luján, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva advirtió que 'hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas, han detenido su marcha'. Para el obispo a estas personas 'les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad'.

Los obispos y muchos sacerdotes que trabajan en sectores populares consideran que la falta de políticas públicas -caracterizada como 'retirada del Estado'- genera cada día más pobreza y aumento del narcotráfico.

Según Equipo de Sacerdotes Barrios Populares y Villas de la Argentina (curas villeros) "el narcotráfico está despenalizado de hecho en nuestros barrios". Dicen los curas que "hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades y barriadas" y expresan "gran preocupación" porque "las clases dirigentes miran hacia otro lugar muy lejano a las necesidades concretas de nuestro pueblo humilde".   

Los mismos sacerdotes señalan que "la urbanización de los barrios y la apertura de oportunidades es el camino frente a este flagelo" porque "la descomposición de la comunidad en nuestras parroquias, sociedades de fomento y centros de salud son consecuencia de un Estado que se retiró, sacando toda política pública, dejando tierra arrasada para el crecimiento del narcotráfico".

En una entrevista periodística reciente el presidente de Cáritas nacional, arzobispo Gustavo Carrara, fue terminante: 'Si el Estado se retira, crece la criminalidad organizada'.  El obispo de San Justo, Eduardo García -también responsable de la Pastoral Judicial en la Conferencia Episcopal- vinculó el tema de la pobreza de los sectores juveniles y la educación y reclamó fondos para mejorar la oferta educativa. Según el prelado 'tenemos que ser conscientes que cuando ingresan los alumnos a nuestras escuelas, una matrícula es un chico más que le sacamos al narcotráfico'. Y remató diciendo que por eso 'necesitamos más matrículas'.

Antes la Pastoral Social nacional había advertido que 'nos encontramos con escuelas que están atravesadas por el consumo', que 'las fuerzas de seguridad ayudan, pero a veces no alcanza con su presencia actual' porque 'los transas balean nuestros lugares supuestamente seguros' mientras 'los vecinos se organizan pero hay armas de por medio'. Quienes trabajan en el área social de la Iglesia afirman que 'en este escenario no hay paz' entre otros motivos porque 'al mismo tiempo, los grandes hospitales públicos, dadas las deficiencias presupuestarias, se están convirtiendo en salas de atención primaria de la salud'.

El sacerdote Lorenzo 'Toto' de Vedia, referente de los curas villeros en la ciudad de Buenos Aires, sintetizó de esta manera el diagnóstico católico sobre estos temas: 'La droga, la falta de empleo, la pobreza estructural, el individualismo imperante y la exclusión fue generando un paulatino rompimiento del tejido social. Esto viene desde hace mucho tiempo. Se ha acrecentado en los últimos tiempos'.

El vínculo -históricamente cercano- entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas es cada día más institucionalmente formal. También se ha reducido al mínimo la cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica en cuestiones sociales. Un dato más de un escenario político-social cada día más convulsionado.