Fuerte Federación, entre la viruela y el rigor

En el siglo 19 la frontera bonaerense no era un lugar para los débiles. Hacia finales de la década de 1830, lo que hoy conocemos como la próspera región del noroeste provincial era una franja de tierra indómita. A pocos kilómetros de lo que hoy es Chacabuco, el Fuerte Federación -que más tarde daría origen a la vecina ciudad de Junín- concentraba los dramas humanos de una época signada por el aislamiento, las epidemias y la inflexible disciplina dispuesta por el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Un artículo del sitio Junín Historia señala que los archivos históricos de 1836 devuelven una radiografía impactante de la vida cotidiana en aquel bastión militar, en el que convivían un puñado de hombres y mujeres resistiendo el hambre, los malones y las enfermedades en condiciones cercanas a lo inhumano.

Al cerrar el año 1836, la población total del Fuerte Federación rondaba las 729 personas, entre los que había 491 civiles y una guarnición militar compuesta por 238 soldados del Regimiento 4 de Caballería, además de pequeños piquetes de artillería y dragones.

La infraestructura era sumamente precaria. Salvo la iglesia, la casa del cura y la escuela, la tropa y sus familias residían en cuatro cuadras militares y 29 ranchos levantados con barro y adobe.

En ese contexto desprotegido, en septiembre de aquel año estalló una grave epidemia de viruela. La peste se propagó con ferocidad en una guarnición que carecía por completo de asistencia médica. Ante el desastre inminente y los desesperados reclamos de las autoridades locales, Rosas dispuso desde Buenos Aires el envío de un facultativo, dando cuenta de las privaciones con que estos pobladores afrontaban la supervivencia diaria.

El sufrimiento no sólo venía del contagio o del peligro latente de las incursiones indígenas. La rigurosidad del servicio militar en la frontera hacía que la estadía fuera una condena no escrita. José Hernández inmortalizaría más tarde esta amarga realidad en las páginas del Martín Fierro, documentando cómo la miseria y el abandono empujaban invariablemente al gaucho y al soldado a la desesperación.

La deserción era el recurso más habitual para escapar de ese infierno, pero el castigo para quien intentara huir era feroz. En julio de 1836, cuatro soldados escaparon del campamento de la laguna Los Patos y fueron capturados en las inmediaciones del fuerte. La orden del gobernador Rosas fue sumarísima y dos de ellos terminaron fusilados sin miramientos, mientras que los otros dos sufrieron la pena de 300 azotes en la espalda y tres años adicionales de servicio forzado.

La correspondencia oficial revela cómo se actuaba en esa época. Un borrador de puño y letra de Rosas, dirigido al comandante José Corvalán en diciembre de 1836, ordenaba la ejecución inmediata de los desertores Domingo Velo, Pedro José Barroso y Juan Fernando Rodríguez, acusados de huir llevándose caballos del Estado y de la oficialidad:

"Impuesto S.E. previene a Ud. que luego de recibir esta disponga se les suministren los auxilios espirituales y que al siguiente día sin falta alguna, proceda a fusilarlos conforme a ordenanza (...), fusilándolos a las seis de la mañana", escribió el Restaurador.

El 19 de diciembre de ese año, los tres soldados cayeron muertos en la plaza de armas de Federación.

El código de castigos no hacía concesiones ni de género ni de reincidencia. Un robo a los almacenes del fuerte en ese mismo mes derivó en 300 azotes para el soldado José María Silva, bajo apercibimiento explícito de que sería pasado por las armas si volvía a hurtar. Sus compinches sufrieron 50 azotes, mientras que las tres mujeres complicadas en el hecho recibieron 20 azotes cada una. Silva no aprendió la lección: el 11 de marzo de 1837, tras reincidir en el delito, fue conducido nuevamente a la plaza a las 9 de la mañana y ejecutado por el pelotón de fusilamiento.

Dentro de la brutalidad que caracterizaba a la vida de frontera, la figura de Rosas también mostraba destellos de una particular benevolencia paternalista para con la tropa que le guardaba fidelidad.

En febrero de 1837, al revisarse la nómina de soldados que habían cumplido su tiempo de servicio, el comandante Corvalán notificó que el soldado José Acuña no podía ser dado de alta ni valerse por sí mismo por encontrarse "enteramente inútil, tullido de pies y manos por un aire paralítico".

La respuesta del Restaurador contrastó con la severidad aplicada a los desertores. A través de su edecán, ordenó que el lisiado permaneciera en el fuerte percibiendo su sueldo a cargo del Estado, fundamentando que "a un soldado enfermo no debe el gobierno abandonarlo, por lo que los soldados buenos servidores son sus hijos".