La acción de amparo contra los falsos contenidos de la inteligencia artificial

Por Dra. Susana Manzi

El proyecto de ley que propone una acción de amparo especial contra los contenidos falsos generados por inteligencia artificial busca adaptar el derecho a la velocidad tecnológica. Una herramienta jurídica necesaria para proteger la imagen, la dignidad y, sobre todo, la confianza pública en la información.

La irrupción de la inteligencia artificial ha modificado la forma en que producimos, consumimos y validamos la información. En ese contexto, los llamados deepfakes —contenidos ultrafalsos que imitan de manera realista la voz o la imagen de una persona— representan uno de los mayores desafíos contemporáneos para el derecho a la imagen y la privacidad.

El reciente proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone una respuesta concreta: una acción de amparo especial que permita, en un plazo máximo de 24 horas, reclamar la eliminación, bloqueo o desindexación de contenidos falsos generados por inteligencia artificial. La iniciativa, impulsada por la diputada Gisela Marziotta, se apoya en los artículos 51, 52 y 53 del Código Civil y Comercial, que tutelan los derechos personalísimos, y los actualiza frente a un fenómeno tecnológico en expansión.

El objetivo central es garantizar que la protección jurídica se mantenga vigente ante nuevas formas de vulneración de la identidad humana. Los deepfakes no solo lesionan la imagen individual: pueden afectar la reputación, la credibilidad profesional y la confianza en la comunicación pública. Su difusión masiva, impulsada por algoritmos, convierte el daño en un hecho casi instantáneo, frente al cual los procedimientos judiciales tradicionales resultan insuficientes.

La creación de un mecanismo judicial rápido y específico constituye, por tanto, una herramienta preventiva más que reparadora. No se trata de censurar contenidos, sino de resguardar la integridad de la persona frente a la manipulación digital no consentida.

Sin embargo, la eficacia del sistema dependerá de su implementación práctica: la capacitación de los jueces, la articulación con las plataformas tecnológicas y la disponibilidad de recursos técnicos para identificar los contenidos alterados. El derecho, como instrumento social, debe evolucionar con la misma velocidad con que lo hace la tecnología, sin perder de vista los principios que lo sustentan.

Los avances tecnológicos requieren normas dinámicas, capaces de equilibrar la libertad de expresión con la tutela de la dignidad humana. El desafío no es solo jurídico, sino también ético e institucional: garantizar que la verdad siga siendo reconocible en un entorno digital cada vez más incierto.

El futuro del derecho dependerá de su capacidad para distinguir lo verdadero de lo verosímil. Proteger la imagen humana en la era de la inteligencia artificial es, en definitiva, proteger la confianza en la palabra, en la justicia y en la democracia.