La discapacidad dijo basta

Masiva movilización en todo el país: la comunidad de la discapacidad reclamó por el abandono del Estado. Familias, profesionales e instituciones marcharon desde el Congreso al Ministerio de Salud para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A pesar de que el Gobierno asignó 121 mil millones de pesos para aranceles, la ANDIS y Salud mantienen los fondos bloqueados, asfixiando financieramente al sector. Con cánticos que denunciaron la desidia y la corrupción, el sector advirtió que la falta de respuestas está llevando a las personas con discapacidad 'a un paso de la marginalidad y la muerte'. La lucha por la dignidad continúa.

Por Manuel Barrientos

El aire estaba cargado de una mezcla de hartazgo, dignidad y esperanza. De quienes saben que a la justicia, si no se pelea, no se llega. Era el grito de un sector que, asfixiado por la desidia oficial, decidió salir otra vez a la calle, desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud.

Ocho cuadras colmadas de familias de personas con discapacidad, de profesionales con uniformes fatigados, de amigos, de religiosos, de personalidades de la cultura y legisladores. Desde el peronismo y la izquierda hasta los radicales de Democracia para Siempre y los socialistas de Encuentro Federal. La causa, como ya había sucedido en el recinto, diluyó la grieta.

El camión que lideraba la manifestación lanzaba un estribillo de León Gieco grabado a fuego en la memoria popular: 'Que lo injusto no me sea indiferente'. Las gargantas coreaban el reclamo: '¡Olé olé, olé ola, gritemos todos, gritemos ya, Ley de Emergencia en Discapacidad!'. El destinatario directo era invocado: '¡Milei, Milei, Milei, queremos hoy la ley!'. Tampoco faltaba la referencia a los audios que revelaron un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: '¡Si no hay aumento, consígalo / del 3 por ciento que Karina se afanó!'. 

Muchos portaban consignas en cartones ya arrugados. No dejaban lugar a eufemismos: 'No existe libertad donde se vulneran derechos'; 'No sé recortan cifras, se recortan vidas'; 'Donde el Estado se ausenta, la dignidad se apaga'.

La movilización era el cierre de dos días de 'cese involuntario de actividades', que muestra el colapso de un sistema que desangra a la vista de todos, sin aranceles actualizados, sin fondos liberados y sin respuestas. El drama no era exclusivo de la Capital: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chubut, Santiago del Estero, el país caminaba al unísono.

Antes del inicio de la marcha, el coordinador del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, entregó una nota al ministro de Salud, Mario Lugones. Allí señalaba que la parálisis del sistema de discapacidad ya supera el maltrato y la crueldad. La decisión administrativa del Poder Ejecutivo del 24 de septiembre asignó 121 mil millones de pesos para la adecuación de aranceles. El dinero está. Pero la ANDIS y el Ministerio de Salud se han vuelto un muro de silencio, un nudo burocrático que no libera los fondos, no convoca al Directorio de Organizaciones del sector, no paga los servicios prestados. 'Es una asfixia financiera metódica', describían desde el Foro. El pueblo de la discapacidad sabe que no aplicar la Ley de Emergencia es un incumplimiento de deberes de funcionario público. 

En el Boletín Oficial, la ANDIS dispuso ayer que se reintegren las pensiones que había suspendido en Catamarca. Antes ya lo había hecho para Formosa. Son decisiones en cuentagotas, obligadas por fallos judiciales. Pero la puesta en marcha de la ley se sigue pateando para adelante. En las últimas dos semanas, el interventor Alejandro Vilches citó en cuatro ocasiones a las organizaciones del sector para discutir la actualización del nomenclador de prestaciones. Las cuatro veces levantó las reuniones a último momento.

Jorgelina Criado Osre, terapeuta ocupacional e integrante del equipo interdisciplinario Giralunas, explicó a Cuatro Palabras porqué decidieron marchar: 'Pedimos la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y luchamos por un sistema integral de prestaciones que garantice el acceso sin barreras. Marchamos por nuestros pacientes, por nuestros trabajos y por los derechos de todos a una prestación digna'. Su voz era la de miles de profesionales que, día a día, ven cómo su vocación se pone en riesgo.

Aníbal Zárate, licenciado en Trabajo Social y referente de la organización Unidos por la Discapacidad de la UNAJ, decía: 'Nos encontramos en las calles para decirle al Gobierno Nacional que este no es el camino. Estamos a un paso de la marginalidad y la muerte de las personas con discapacidad. Esta afirmación no es una exageración semántica, sino la descripción concreta de cómo se está viviendo hoy la discapacidad en la Argentina'. La frase conmovía, por la verdad, por la urgencia. 'Las políticas actuales nos empujan a hacerlo. Nos unimos para expresar nuestro rechazo a un gobierno que desoye la democracia, el Congreso y la Convención Internacional', completaba.

Ocho cuadras de personas con discapacidad, familiares y profesionales. Un pueblo que dijo basta al ajuste y al hostigamiento. Después de años de invisibilidad, después de tanto maltrato, hoy tienen la convicción de que esta lucha –forjada en la calle y amparada por el Congreso– continuará hasta que la ley de Emergencia en Discapacidad se ponga en marcha.