"La empatía no debería esperar": la lucha de las familias con discapacidad

El sistema de discapacidad en Argentina está al borde del colapso. Miles de instituciones con años de trabajo especializado están al borde del cierre. El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, dictaminado por Javier Milei, despertó movilizaciones y reclamos a nivel nacional.

Por Manuel Barrientos 

Madres, padres, abuelos, tíos. Acompañantes terapéuticos, psicólogas, psicopedagogas, fonoaudiólogas, docentes, transportistas. Todas se unieron un grito que rebotaba contra los escudos de las fuerzas de seguridad: '¡Emergencia en Discapacidad!'. No era un pedido caprichoso. No era una chicana política. Era el reclamo por la posibilidad de una vida digna para miles de personas. El veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en el sector fue un golpe contra las esperanzas de las personas con discapacidad y sus familias, que desde hace tiempo vienen lidiando con la precariedad y el abandono. Pero la letra fría de la medida oficial tuvo un efecto inverso: el reclamo sigue creciendo en las calles y las plazas de todo el país.

'Me da miedo que mi hijo se quede sin su terapia, no que me pegue un policía', decía una madre ante las cámaras de televisión, sacudiendo el cinismo de los conductores. En esa frase visceral se resume todo. El temor ya no es al despliegue conjunto de la Gendarmería y la policía. El miedo es por un futuro sin respuestas. Otra madre contaba la angustia que siente cada vez que recibe un llamado del centro de día al que asiste su hijo, porque teme que le anuncien el cierre. Son cientas las instituciones con muchas décadas de experiencia que acumulan deudas, que se ven obligadas a recortar prestaciones, que se la rebuscan como pueden para estirar la agonía al menos un mes más. 

Las personas con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos cobran 28 mil pesos por mes. Los transportistas reciben solo 541 pesos por litro de nafta. Las acompañantes terapéuticas ganan sólo 3000 pesos la hora y se ven obligadas a buscar otro trabajo. 

La realidad es cruda. El sistema de prestaciones se encuentra en estado crítico. Los aranceles que obras sociales, prepagas y el Estado pagan a los prestadores (terapistas, transportistas, centros de día) no se actualizaron en lo que va del año. Esta ecuación no sólo precariza a los profesionales, sino que pone en jaque la continuidad de los tratamientos de miles de personas. Un cartel que se veía en la Plaza Congreso resumía: 'Nomenclador congelado. 0% de incremento en 2025'.

Rosario, de 29 años, tiene un hijo con trastorno del espectro autista. 'Estoy en la Plaza como madre, vengo para que respeten los derechos', señalaba. Ante la mirada de otras madres, comentaba: 'Convivir con la discapacidad no es fácil, se hace cuesta arriba en términos económicos y sociales. Las acompañantes terapéuticas no tienen aumento, las obras sociales retrasan los pagos y tienen que cambiar de trabajo. Y suspender la terapia a un chico con TEA es echar todo para atrás. Todo lo que se avanzó, se pierde en un mes'.

Una pancarta artesanal, escrita con fibrones rojos y negros, señalaba: 'Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad'. Otro cartel tenía la imagen de un carpincho con el uniforme y la escafandra del Eternauta, y el lema: 'Promulgación de la ley de emergencia ya. Nadie se salva solo'. Porque en el fondo, esta lucha no es solo de las personas con discapacidad. Es una lucha por la empatía, por la diversidad, por la idea de que una sociedad se mide por cómo trata a quienes están en situación de desventaja.

Del otro lado del muro de escudos de Gendarmería, una pancarta violeta interpelaba a los funcionarios del Gobierno y a toda la sociedad: 'La empatía no debería esperar a que el dolor sea propio'. El grito de las madres resonaba en la plaza. Son miles que no se van a rendir. La historia argentina ya sabe que el poder de movilización de las madres ante el maltrato que sufren sus hijos es pura potencia capaz de enfrentar la crueldad estatal.