La ley de Endeudamiento y el futuro de la Provincia

Por Manuel Barrientos

El reloj avanza, y con él, la urgencia de una provincia de Buenos Aires que no puede seguir esperando. En el corazón de la crisis económica y política que atraviesa el país, se encuentra una necesidad imperiosa y, hasta ahora, postergada: la sanción de la ley de Financiamiento provincial. Más allá de las chicanas políticas y la dilatación en su tratamiento, esta ley es el ancla que puede evitar que el Presupuesto bonaerense 2026, recientemente aprobado, se convierta, lisa y llanamente, en papel picado.

La actual coyuntura ha dibujado un escenario de inacción o, peor, de desentendimiento, por parte del Estado nacional. Esta postura ha provocado una transferencia silenciosa de las funciones y responsabilidades hacia las provincias y, consecuentemente, hacia los municipios. El problema central es que esta mudanza de tareas viene sin su correspondiente recurso.

La provincia de Buenos Aires, el motor productivo más grande del país, está soportando el peso de servicios esenciales que antes contaban con financiamiento o respaldo federal, pero que hoy deben ser sostenidos casi en su totalidad con fondos propios. La consecuencia directa es una presión financiera insostenible que se siente desde La Plata hasta Chacabuco.

Asistimos a una caída sostenida y significativa de la coparticipación federal de impuestos que la Nación transfiere a la provincia. Este fenómeno no es un mero tecnicismo contable; es un ahogo programado a las finanzas provinciales.

El menor ingreso por coparticipación impacta directamente la capacidad de la Provincia para sostener obras de infraestructura necesarias y garantizar el correcto funcionamiento de la educación y la salud pública, entre otras misiones esenciales.

Es aquí donde el proyecto de ley de Endeudamiento, entendido como una herramienta de financiamiento responsable y no como un cheque en blanco, se vuelve vital. Permite compensar este déficit forzado y, sobre todo, asegura la liquidez necesaria para no paralizar la gestión esencial de un territorio que alberga a casi el 40% de la población argentina.

El efecto dominó de este desfinanciamiento se siente con mayor crudeza en el territorio. Hoy vivimos una clara municipalización de la crisis. Los efectos directos de una recesión apenas disimulada por el INDEC a base de tecnicismos no caen sobre los despachos de la Casa Rosada, sino sobre las puertas de las intendencias.

Hoy los presupuestos municipales son el primero y último dique de contención social. Los municipios, con recursos mucho más limitados, deben absorber las fallas del sistema y las demandas crecientes de una población que ya no encuentra respuesta. Sin la Ley de Endeudamiento, la Provincia no podrá inyectar los recursos necesarios a los municipios para sostener este esfuerzo, llevando a las comunas a una situación de estrés financiero límite. 

El Presupuesto 2026 fue diagramado bajo la previsión de contar con esta herramienta de financiamiento. Si la ley no sale, el andamiaje financiero de la Provincia se derrumba. Un presupuesto sin el músculo financiero necesario está destinado a terminar en un pica papeles. La aprobación de esta ley antes del 10 de diciembre no es un capricho político, sino una responsabilidad histórica de todos los sectores políticos. Tanto de la oposición como del propio oficialismo. 

No es una iniciativa legislativa para un gobierno, es para la gente de la provincia de Buenos Aires, para que Chacabuco y cada uno de sus habitantes pueda tener garantizadas las prestaciones y servicios básicos en tiempos turbulentos. El financiamiento es la clave para evitar el colapso.