Límite a la crueldad

En un hecho sin precedentes en más de dos décadas, el Senado asestó un duro revés al oficialismo al rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La votación superó por un amplio margen los dos tercios necesarios. Fue una victoría histórica para el colectivo, muchos activistas ya proponen denominar al 4 de septiembre como el 'Día del Orgullo de la Discapacidad'. El Congreso no solo le puso un freno al ajuste: también expuso la debilidad parlamentaria del oficialismo, que apenas cosechó siete votos a favor de la postura de la Casa Rosada. 

Por Manuel Barrientos 

'El 4 de septiembre tiene que ser sancionado como el Día del Orgullo de la Discapacidad', comentaban dos activistas del sector en la Plaza del Congreso. No era para menos. Con una rotunda mayoría de 63 votos, el Senado acababa de rechazar el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. La votación fue más que holgada: 48 era la cifra que necesitaba la oposición para conseguir los dos tercios.

La Plaza era una mezcla de sensaciones: lágrimas, sonrisas, bailes, abrazos. El clima general, para ser precisos, podría definirse con una palabra: desahogo. 'Dicen que quienes formamos parte del colectivo de la discapacidad somos débiles, pero quedó claro que no lo somos. Hoy le pusimos un freno a la política de crueldad del Gobierno', señalaban en la radio abierta que se había instalado frente al Congreso. Una pancarta sintetizaba el reclamo de todo el sector: 'Mientras la libertad avanza, nuestros derechos retroceden', decía.

El diputado nacional Daniel Arroyo presentó el proyecto de Emergencia en Discapacidad en febrero de este año. A partir de ahí, pasó de todo: dictámenes en las comisiones de Discapacidad, luego en Salud, luego un emplazamiento en el recinto para que José Luis Espert se dignara a considerar el tema en Presupuesto. Después se aprobó en Diputados con 148 votos a favor; pasó al Senado y logró 55 votos afirmativos. Milei vetó la ley. Pero Diputados rechazó el veto con 172 votos (24 más que en la sesión inicial); y ahora el Senado también pasó de 55 a 63 respaldos. Una ola que fue creciendo hasta desnudar la fragilidad parlamentaria del oficialismo.

La terquedad del Gobierno para congelar el nomenclador que regula las prestaciones para las personas con discapacidad (la última actualización fue del 0,5% en diciembre de 2024) y la irrisoria suma de 28 mil pesos que perciben quienes trabajan en los talleres protegidos colapsó el sistema. Son cientos los hogares, centros de día, escuelas especiales e instituciones que acumulan deudas y están al borde del cierre. Ese marco ya de por sí altamente crítico terminó de explotar con la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que revelaron los presuntos pagos de sobornos en las compras de medicamentos. También quedaron al desnudo las operaciones comunicacionales del oficialismo para ejecutar una auditoría amañada que tenía como único objetivo la baja masiva de pensiones por invalidez laboral. De las 110 mil suspensiones, 90 mil se debieron a que no les llegó la carta documento que debería haberles enviado el correo Andreani…

Fue la primera vez en 22 años que el Congreso rechazó un veto. Y en 2003 había sido un veto parcial -no total- sobre el Presupuesto, que además implicaba el traspaso de la gestión de Eduardo Duhalde a la de Néstor Kirchner. Es decir: un contexto muy diferente. 

En la Casa Rosada sostienen que irán por la judicialización de la ley. Pero el argumento no parece tener demasiado sustento. La Constitución indica, en su artículo 83, que si una ley es ratificada por el Parlamento con dos tercios de los votos 'pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación'. La insistencia en no implementar una ley respaldada por más del 80% de los diputados y senadores podría llevar al Presidente a un juicio político. Los únicos siete votos que consiguió ayer en la Cámara alta abren la puerta a ese abismo, como anticipó el senador santacruceño José María Carambia, quien responde al gobernador Claudio Vidal, un aliado al oficialismo hasta poco tiempo atrás.

Y no fue el único traspié que sufrió ayer Milei. El Senado también votó el proyecto para reformar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia y limitar los 'decretazos' presidenciales. La iniciativa establece que los DNU deben tratarse en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Además, para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con el voto negativo de una sola. Es decir: justamente lo contrario a lo que sucede hoy.

Las dos votaciones en el Senado coronaron una nueva y pésima semana legislativa para el Gobierno. La dinámica adversa había comenzado el martes, cuando las comisiones de Salud y Discapacidad en Diputados impulsaron pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios por las sospechas de coimas en la ANDIS. En paralelo, la comisión investigadora de la criptoestafa $LIBRA aprobó su reglamento e incluyó en su lista de citaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A lo que se sumó que la Comisión de Libertad de Expresión recibió a los periodistas del stream Carnaval censurados por una medida cautelar solicitada por el oficialismo. 

El escenario no podría ser más complicado. Con cada derrota parlamentaria, la Casa Rosada ve cómo se disipa su capital político. El Presidente no parece preocuparse demasiado: por estas horas disfruta un nuevo viaje por Estados Unidos.