Multas que no "duelen"

Por: Doctora Susana Manzi

La justicia cordobesa analiza si una multa de $500.000 es suficiente para castigar a una multinacional que vendió un producto que no tenía, canceló la compra unilateralmente y retuvo el dinero del cliente hasta que este se vio obligado a iniciar un juicio. 

Imagine que usted decide renovar su televisor. Elige el modelo, lo paga y espera la entrega. Sin embargo, el producto nunca llega. Al reclamar, la empresa —una gigante del sector— le informa que no hay stock, a pesar de que el artículo sigue figurando como disponible en su página web. Lo peor viene después: no solo se queda sin el televisor, sino que la empresa se niega a devolverle el dinero de forma inmediata, "licuando" su capital mientras usted transita reclamos administrativos, mediaciones y, finalmente, un proceso judicial. 

Este fue el escenario que enfrentó un consumidor en Córdoba. En primera instancia, la jueza le dio la razón y condenó a la empresa a pagar el valor del producto, una indemnización por daño moral y una multa civil (daño punitivo) de $500.000. 

Para entender la polémica, debemos aclarar que el daño punitivo (establecido en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor) no es una "indemnización extra" para que el cliente se haga rico. Su naturaleza es la de una multa civil. 

Su objetivo principal es:

    1. Punir: Castigar una conducta grave o de mala fe. 

    2. Disuadir: Que a la empresa le resulte más caro pagar la multa que cumplir la ley. 

El consumidor decidió apelar el monto de la sanción. Su argumento es lógico y contundente: para una empresa con una facturación multimillonaria, una multa de $500.000 (que representaba apenas el 10% del valor del televisor al momento de la sentencia) no es un castigo, es un "premio" o un costo operativo más. 

El fallo revela puntos oscuros en la conducta de la empresa que agravan la situación:

    • Falta de entrega y retención de fondos: Se vendió algo inexistente y se retuvo el dinero sin intereses por un tiempo prolongado. 

    • Ocultamiento de información: Durante el juicio, la firma omitió presentar sus balances contables, impidiendo conocer con exactitud su capacidad económica real. 

    • Estrategia de desgaste: Obligar al cliente a litigar durante años para recuperar lo que le corresponde por derecho. 

El reclamo del consumidor busca elevar esa multa a $10.000.000. Desde la óptica del derecho del consumidor, este planteo es vital. Si las multas son bajas, las grandes empresas prefieren seguir maltratando al usuario y pagar solo a aquel que tiene la paciencia y los recursos para llegar hasta la última instancia judicial. 

Una sanción debe "doler" en el balance contable de la infractora; de lo contrario, el instituto del daño punitivo se desnaturaliza y se convierte en una condena que, paradójicamente, incentiva a las empresas a seguir ignorando los derechos más básicos de quienes confían en ellas.