Noqueado y sin respuesta

El Gobierno quedó en jaque luego de la filtración de los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. La Justicia avanza con rapidez, los medios oficialistas le soltaron la mano al Presidente y los diputados citaron a funcionarios de Salud para que den explicaciones. El jefe de Gabinete Guillermo Francos titubea explicaciones, mientras el resto calla. La sangría no frena y abre un escenario impensado a dos semanas de la elección del 7 de septiembre.

'Yo le dije: Javier, vos sabés que tu hermana está choreando'. El audio filtrado de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del presidente Javier Milei, dejó al Gobierno en shock. La expansión de esta bomba aún no se sabe dónde puede llegar, porque se esperan más revelaciones periodísticas que implicaría a otras áreas estatales. Además, se aguardan los resultados de los allanamientos realizados a funcionarios oficiales y los empresarios involucrados en la trama de corrupción. Y los periodistas que hasta hace poco tiempo recitaban el libreto oficial ahora no dudan en saltar del Titanic. No queda claro si el transatlántico libertario ya chocó contra el iceberg o aún se dirige en línea recta hacia él. El único violinista que intenta tocar una melodía es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El resto hace silencio y el Presidente repite como autómata sus peroratas de la escuela austríaca ante empresarios que ya ni siquiera levantan las manos para aplaudir.  

La dimensión del escándalo no debería dejar oculta una cuestión: el profundo cinismo del gobierno de Milei. Desde los inicios de su gestión, atacó con saña a las personas con discapacidad. El vocero presidencial mintió con una supuesta radiografía de un perro que había usado una persona para obtener una pensión. Nunca la había tenido. Quitó prestaciones, congeló el nomenclador, aún les sigue pagando 28 mil pesos por mes a las personas con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos. Más grave aún, la ANDIS, el organismo que debería proteger a este colectivo, tardó meses en anular una resolución que calificaba a las personas con discapacidad como 'idiotas' o 'imbéciles'. La intolerancia no se detuvo ahí: el propio Presidente maltrató en redes sociales a un niño con autismo, demostrando su falta de empatía. Y comenzaron a repartir cartas documento a direcciones inexistentes para quitar pensiones. Todas estas operaciones comunicacionales tenían un objetivo: avanzar con el ajuste en la ANDIS. 

Pero mientras robaban derechos a las personas con discapacidad, ponían en marcha una red de corrupción en las compras de medicamentos. Los audios filtrados y la investigación de la Justicia federal comenzaron a desenmascarar 'el verdadero curro'. Las revelaciones de Spagnuolo revelan el pago de sobornos en licitaciones de medicamentos y señalan a la hermana del Presidente, Karina Milei, como la 'terminal' de estos negocios. Este escándalo no sólo deslegitima el discurso de transparencia, sino que también pone en evidencia que, mientras se ajusta a los más vulnerables, algunos funcionarios se enriquecen a su costa.

La onda expansiva parece lejos de terminar y deja al Gobierno en zonas de incertidumbre. No le será fácil frenar la hemorragia. Se esperan para los próximos días más revelaciones que golpean a otras áreas oficiales. Las comisiones de Salud Pública y de Discapacidad de la Cámara de Diputados citaron para el próximo martes al ministro de Salud Mario Lugones y al nuevo interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches. El jefe de Gabinete deberá brindar su informe el miércoles en el recinto. Además, se esperan los resultados de los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. 

El politólogo Mario Riorda señala que el país se encuentra en una "policrisis", una situación donde múltiples crisis coexisten y se refuerzan entre sí. Y con un Gobierno que ya no controla la información ni los eventos.

Riorda identifica tres tipos principales de crisis que afectan al país. Por un lado, una 'crisis de Decepción de Gestión', que surge de la brecha entre las altas expectativas generadas y los resultados reales. Esto crea una sensación de engaño o traición moral entre los ciudadanos, quienes perciben que el Gobierno no cumple sus promesas. Por otro, una 'crisis de conductas desviadas', que se manifiesta como indignación ante acciones maliciosas o fraudulentas que rompen reglas o valores morales. El impacto es mayor debido a que el Gobierno actual se presentó a sí mismo como 'distinto' y "no corrupto". Y, finalmente, una 'crisis de mala gestión', relacionada con la inacción o la mala ejecución de procedimientos, como el caso de las muertes por fentanilo. Riorda concluye que la superposición de estas crisis, junto con otras no resueltas (como los casos Libra y de financiamiento partidario), conforman una compleja 'policrisis'. La única ventaja para el Gobierno en este escenario es la proximidad de las elecciones, ya que este factor suele atenuar los efectos de las crisis políticas.

Mientras tanto, miles de personas con discapacidad siguen recibiendo cartas documento que los obliga a viajar más de 50 kilómetros para revalidar pensiones de poco más de 200 mil pesos, soportando largas filas bajo la lluvia y el frío. Mientras tanto, instituciones que hace años trabajan en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad se encuentran al borde del colapso. 

La Justicia tiene ahora la tarea de investigar a fondo. Las verdaderas víctimas son las personas con discapacidad y sus familias, quienes han sido expuestas a una perversidad y cinismo sin límites. Es urgente que se haga justicia. Pero también que se restablezcan los derechos y la dignidad de un colectivo que ha sido castigado doblemente: por el ajuste presupuestario y por el desvío de los fondos que les corresponden.