Sangría de empresas

Detrás de cada estadística sobre la economía nacional y los discursos de ajuste se esconde una realidad muy dura en todas y cada una de las provincias argentinas. Según los últimos datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la etapa iniciada en diciembre de 2023 por la gestión de Javier Milei muestra un saldo desolador: la desaparición de 32.290 empresas en todo el país.   

Esta cifra no representa sólo un indicador macroeconómico. Equivale a una reducción del 6,3% del entramado empleador argentino, que pasó de contar con 512.357 unidades productivas en noviembre de 2023 a 480.067 en julio de 2026. Tan solo en el último mes analizado, 948 persianas cerraron sus puertas de manera definitiva.   

La caída del tejido empresarial arrastra en forma inevitable a la fuerza laboral. En el mismo período se destruyeron 437.611 puestos de trabajo registrados (-4,4%), que afectan a cientos de miles de familias que perdieron su sustento e ingresos.   

En cada punto geográfico del país, el impacto de esta sangría se siente en los talleres, comercios, pequeñas y medianas empresas que sufren la caída del consumo interno, el freno en cascada de actividad económica y las tarifas desmedidas de servicios públicos. 

Cada pyme que quiebra son proyectos de vida que se apagan y una red socioeconómica comunitaria que se desarticula. Sin un cambio de rumbo que proteja la producción nacional y sostenga al pequeño y mediano empresario, el costo social de esta recesión seguirá hundiendo las bases productivas de la Argentina.