Se cocina sin consenso

La inminente reforma laboral de Milei generó un quiebre en el Consejo de Mayo. A días de que el Gobierno presente formalmente el proyecto de ley, el líder sindical Gerardo Martínez rechazó el proyecto por su potencial retroceso en derechos de los trabajadores. La tensión escala, y el Ejecutivo anticipa que avanzará con su propia letra, sin el aval sindical. Además, anticipó que definirá el nuevo Salario Mínimo por decreto.

Por Manuel Barrientos 

En la Casa Rosada, se calienta la tensión de las negociaciones por la reforma laboral. Aunque aún se desconocen sus artículos, los ejes que se filtran del proyecto amenazan con ser tan perjudiciales para los derechos de los trabajadores que obligaron al siempre acuerdista líder sindical Gerardo Martinez a manifestar su desacuerdo con la iniciativa oficialista.

El Consejo de Mayo -la mesa de diálogo que el Ejecutivo montó para trazar acuerdos con las corporaciones empresariales y gremiales- se reunió ayer una vez más. Pero lo que se esperaba como un espacio de aproximación, sirvió para escenificar el desacuerdo explícito en torno a la prometida reforma laboral.

Con la fecha de inicio de sesiones extraordinarias fijada para el 10 de diciembre, la administración del presidente Javier Milei apura los pasos para presentar el borrador final el día 9. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), representada por Martínez, titular de la UOCRA, marcó la cancha: 'No estamos de acuerdo'.

La negativa de la central gremial fue un balde de agua fría para la narrativa del 'consenso' que busca instalar el Gobierno. A pesar de que el proyecto 'aún no se conoce' de manera formal, Martínez esgrimió la bandera de la defensa 'irrestricta' de los derechos de los trabajadores y rechazó de plano cualquier iniciativa que signifique un 'retroceso' para el movimiento obrero.

'El programa laboral de este gobierno es el DNU 70/23, que no pudo aplicar porque se lo frenaron en la Justicia por cuestiones formales', resume ante la consulta de Cuatro Palabras un especialista en derecho del trabajo.

Entre otros puntos, aquel Decreto de Necesidad y Urgencia -firmado por Milei en el inicio de su gestión- contenía la ampliación del período de prueba; la extensión a 12 horas de la jornada laboral; la eliminación de multas por falta de registración, de las indemnizaciones por trabajo no registrado y de la presunción de contrato de trabajo para prestadores de servicios con facturación a un mismo empleador. Además, buscaba restringir el ejercicio del derecho a huelga, al exigir cobertura del 75% o 50% de la actividad a trabajadores y trabajadoras de una larga lista de actividades, incrementar el listado de servicios esenciales y modificar la definición de justa causa de despido.

Para la central obrera, la 'modernización laboral' debe ser sin 'perder derechos', un punto de partida incompatible con la impronta 'desreguladora' que empuja el ministro Federico Sturzenegger, representante del Ejecutivo en la mesa.

Más allá de los desacuerdos, la determinación del Gobierno parece inamovible. Interlocutores de la administración anticiparon que, de no conseguir los consensos necesarios, avanzarán con su 'propia redacción', casi finalizada. La impresión general, manifestada por el diputado Cristian Ritondo es que, si bien se recogerán 'pedacitos de propuestas de cada uno, la impronta será del Ejecutivo'. Y que el proyecto se presentará de todos modos, con o sin el aval de la central obrera.

De manera paralela a la fallida negociación por la reforma, el Gobierno dio otra muestra de su estilo confrontativo en el Consejo del Salario. Ante la imposibilidad de acercar las posturas de la CGT/CTA (solicitaban $553.000) y los empresarios (ofrecieron $326.000), el Ejecutivo anunció que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Con una pérdida del 35% de poder adquisitivo del SMVM desde diciembre de 2023, la situación del ingreso básico se ha hundido a niveles no vistos desde la crisis post-Convertibilidad.