Se rifan las rutas

El Gobierno anunció un plan para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas, incluyendo la estratégica Ruta del Mercosur. Es 'inminente' la sanción de un decreto para concesionar un camino estratégico para el comercio regional. La concesionaria actual denuncia atraso tarifario.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía, había publicado en noviembre del año un cronograma en el que detallaba que el proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 675 kilómetros de extensión.

Se trata de un primer paso en un camino por avanzar en la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas; en muchos casos sin adjudicar o a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. Representa el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentra el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado, estimado oficialmente, equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.

La convocatoria para esta etapa estaba prevista para diciembre, con fecha original para la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025. El día 9 de ese mes vencerá el contrato de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa concesionaria desde 1990 y que demandó al Estado por incumplir con ajustes de tarifas y la renegociación del contrato desde 2009.

La decisión de privatizar estas rutas se basa -según el Gobierno- en la necesidad de invertir en el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, que se encuentra en un estado de deterioro en muchos tramos. Además argumentan que la participación del sector privado permitirá atraer inversiones y garantizar una mayor eficiencia en la gestión de las rutas.

Sin embargo, esta medida no está exenta de críticas. Organizaciones sociales y civiles temen que la privatización conlleve un aumento significativo de los peajes y una disminución de la calidad del servicio. Además, existe la preocupación de que las empresas concesionarias prioricen el lucro sobre el interés público, lo que podría traducirse en un deterioro de las condiciones de las rutas a largo plazo.

La Ruta del Mercosur, que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay, será una de las primeras en ser privatizada. Esta ruta es de vital importancia para el comercio regional y su estado actual genera importantes costos logísticos para las empresas. El gobierno espera que la concesión de esta ruta a un operador privado permita mejorar su infraestructura y reducir los tiempos de viaje.