Sobre la imposibilidad de caminar y mascar chicle a la vez

El Gobierno nacional vetó las leyes de aumentos a los jubilados y de emergencia en discapacidad. Toda la gestión parece estar enfocada en bajar la inflación, pero esa variable también entró en tensión con la suba del dólar oficial y el recalentamiento de los precios.

POR MANUEL BARRIENTOS

El Gobierno de Javier Milei vetó tres leyes que habían sido aprobadas por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado: la de aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El decreto firmado por el Presidente y todos sus ministros justificó estas decisiones como necesarias para mantener el equilibrio fiscal. Con más de un año y medio de mandato en el lomo, está claro que esta gestión se aferra a la lucha contra la inflación como único eje, sacrificando cualquier otra variable económica y social.

Dos promesas cimentaron el triunfo de Milei en 2023: el ataque contra la 'casta' y la baja de la inflación. La primera cláusula del contrato electoral entró en crisis, porque el Gobierno enfrenta múltiples escándalos de corrupción. La investigación por la criptoestafa Libra avanza en la Suprema Corte de Nueva York y se anticipa que podría haber importantes novedades en los próximos días. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue grabado en una reunión y acusado de tráfico de influencias. Se suman las denuncias por las licitaciones que favorecen a la familia Menem. Y el ex senador Edgardo Kueider se enfrentará a un juicio oral en Paraguay por contrabando, mientras acá lo espera otra causa por lavado de activos. La casta a la que Milei prometía embestir motosierra en mano hoy es una combinación de jubilados de la mínima, docentes universitarios, científicos, residentes del Garrahan y personas con discapacidad.

Dinamitada esa mitad del contrato, el Gobierno busca aferrarse al otro bastión: el ajuste como ancla inflacionaria. Cuando el Presidente presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso (un proyecto que luego impidió que fuera tratado por los parlamentarios), afirmó que el rol del Estado se limita a tres ejes: el manejo de las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y la administración de la Justicia para proteger la propiedad privada. Esta visión excluye prioridades como la educación, la salud, la vivienda, las rutas nacionales y la creación de empleo genuino. 

Pero esta estrategia ha generado un problema en sí mismo. El Gobierno había logrado desacelerar la inflación mensual, pero a un costo que empieza a ser evidente en varios frentes. Por un lado, el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados se ha visto muy deteriorado, reciben montos de miseria. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, quienes dependen de un sistema de prestaciones que está al borde del colapso.

Por otro, la estrategia de "dólar quieto" busca contener la suba de precios a través del tipo de cambio, pero su efectividad es cuestionable a largo plazo. A medida que la inflación continúa, el dólar oficial se abarata en términos reales, lo que hace que las importaciones se vuelvan más baratas y las exportaciones menos competitivas. Esto aumenta el riesgo de una nueva devaluación brusca y, paradójicamente, desatar una nueva ola inflacionaria.

Algo de esto se empezó a ver en los últimos días. El dólar se recalentó y está mucho más cerca del techo fijado de 1400 que del piso de los 1000. 'De los precios que ven, un 10% más', advertían el último viernes en los locales del Once. No es un fenómeno aislado. Esta semana todas las empresas de alimentos, bebidas y productos de limpieza actualizaron las listas de precios; en la carne, los incrementos van del 8% al 10%. 

La metáfora de "no puede caminar y masticar chicle a la vez" parece resumir la encrucijada de un Gobierno que desatiende la mayoría de las funciones asignadas y se enfoca en la inflación como una única variable que, encima, comienza a encender señales de alarma. La pregunta que surge es si el Gobierno continuará con la misma estrategia, a pesar de sus crecientes costos sociales y económicos. Las incógnitas están latentes y nadie sabe si se resolverán antes o después de las elecciones de septiembre y octubre.