Territorio y universidad pública

Por Marcelo 'Chata' García

En los últimos años, se fue reduciendo la participación de las grandes universidades públicas (más de 50 mil estudiantes) en la educación superior.  En parte por el crecimiento de las universidades medianas, como las del conurbano, que permitieron descomprimirlas.  Se suma a eso, que los gobiernos municipales o provinciales han dejado de tener como única política universitaria alquilar una casa en las ciudades importantes para becar a sus jóvenes.  Desde la Ley de Educación Superior, de 1995, fue haciéndose más común el camino inverso: llevar a la localidad actividades universitarias.  Eso se da en momentos que se ralentiza o incluso disminuye la cantidad de ingresantes a las universidades nacionales, después de la expansión que tuvo en las primeras décadas del 2000.

Al comienzo, las ciudades que abrían Centros Universitarios Regionales buscaban ofrecer un servicio a sus habitantes: la oferta de alguna que otra carrera destinada a aquellos que, por razones familiares, laborales o económicas, no podían mudarse a otra ciudad.  A eso se sumaba un efecto de atracción a ciudades vecinas.  Esa estrategia ni siquiera se frenó con la expansión de la oferta on-line después de la pandemia; pero sí fue tomando diferentes matices.  Poco tiempo pasó para que surgieran ciertas restricciones, y las políticas municipales fueran ajustando criterios y optimizando la inversión.

La cuestión fue, entonces, qué carrera instalar y sobre qué parámetros definir esa elección.  En primer lugar, existen carreras que históricamente fueron muy demandadas por los egresados del nivel medio, pero tienen un mercado acotado o agotado, como abogacía, contador o psicología.  Además, son carreras sencillas para cursar a distancia.  Las ingenierías, en cambio, precisan una infraestructura técnica muy costosa en talleres y laboratorios para poder ser acreditadas.  Otras, como la medicina, requieren además profesionales con trayectorias bien consolidadas.  Son carreras largas y complejas, con una alta carga en ciencia básica, lo que puede implicar mucha inversión y pocos egresados.

En líneas generales, el criterio que prima es elegir carreras relacionadas con las necesidades del sector productivo de cada región, aun cuando no surjan de encuestas entre los alumnos secundarios.  Una pequeña triple hélice que articula las empresas locales, los gobiernos municipales y las universidades nacionales.  La diversificación de tecnicaturas y diplomaturas habilitó una amplia oferta, pero también el riesgo de solaparse con los institutos técnicos terciarios.  

En ese sentido, es interesante observar que, en sus convenios con las universidades, los municipios no sólo procuran absorber su prestigio institucional, sino que encuentran un sinfín de posibilidades que parten de sus otras funciones: investigación, vinculación tecnológica y extensión universitaria.  Esto enriquece más el intercambio, incluyendo asesoramiento, planificaciones o producción de información.  A la vez, permite a las universidades tener más presencia en el territorio y experiencias para sus cátedras.

Hace unos años, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires implementó el Programa Puentes, destinado a financiar desde provincia actividades académicas en ciudades que no poseían estos vínculos.  El Programa incluyó infraestructura y equipamiento, generando una vasta red de interconexiones entre localidades y universidades nacionales, que no sólo generaron egresados, sino también proyectos conjuntos.

Lo cierto es que hoy ha dejado de ser la elección de los que no pueden irse a las universidades centrales y ha pasado a ser, para muchas familias, la primera elección: hacer los estudios universitarios en su ciudad.  Allí donde el gobierno nacional desprecia las políticas de desarrollo, las jurisdicciones locales y esa territorialidad ganada por las universidades nacionales insisten en la construcción de un futuro soberano, donde cada vecino puede desplegar sus capacidades y ser protagonista del crecimiento de su comunidad.