Tolerancia cero pero dentro de la ley

Todo el ordenamiento jurídico de nuestro país se basa en la Constitución Nacional, que como bien decía Juan Bautista Alberdi, 'es la Ley de Leyes'. Es la misma Carta Magna inspirada en el constitucionalismo liberal de su época, que pone a la libertad y dignidad del hombre en el centro de los principios que la rigen, pero también establece que no hay derechos absolutos y que cada uno de ellos, aún con reconocimiento constitucional expreso pueden ser reglamentados por el legislador. La libertad de circulación o tránsito integra ese catálogo de reconocimientos que pueden ser ejercidos según las normas que los reglamentan.

Desde hace una larga década, el tránsito en todas las carreteras del país y en los centros urbanos de mayor o menor población, se ha convertido en una problemática de tal magnitud, que en el primer caso termina siendo una de las principales causas de muertes, mientras que en materia urbana, además de poner en peligro la vida de los propios conductores y de terceros, asoma a convertirse en un flagelo que deja al Estado frente a una disyuntiva muy compleja. 

En nuestra ciudad, fueron pasando gobiernos de distintos signos políticos y el problema no solo no se pudo controlar sino que crece de manera exponencial, al punto de generar un nivel de conflictividad en escala, con riesgos de enfrentamientos, entre los que hacen un uso abusivo del derecho a desplazarse y los que pretenden que se respete su derecho al descanso o también a circular libremente con la tranquilidad de que en alguna esquina o vereda no serán atropellados por una motocicleta.

Ayer, el Ejecutivo municipal informó que se llevarán a cabo medidas con respecto a hechos ocurridos durante el último fin de semana, pero que también se pondrá la lupa sobre los talleres en los que se reparan o preparan las motocicletas para transformarlas en armas letales. Esta decisión no puede ser un enunciado en la coyuntura, pero requiere del acompañamiento del resto de los poderes del Estado, donde la justicia cumple un rol clave para ordenar medidas excepcionales que permitan, dentro de la legalidad, cercar y condicionar a minúsculos grupos de marginales que pretenden tomar las calles y las veredas. En ese camino, el Gobierno no debe evaluar costos políticos electorales y la oposición debe buscar otra agenda para especular con eventuales posicionamientos de mediano plazo, y más aún cuando hasta hace 10 meses gobernaron 8 años ininterrumpidamente sin mostrar avances sustanciales en la materia. 

La actual administración tiene como antecedente inmediato a su favor, haber controlado la dramática problemática que denunciaron durante muchos años los vecinos de la plaza 5 de Agosto. Ahora hace falta dar otro paso, o muchos más. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero todo es todo.