Cuando el Estado renuncia a proteger, el fraude celebra

Dra. Susana Manzi

Hay leyes que avanzan, leyes que retroceden y leyes que, simplemente, claudican. La Ley Bases pertenece a esta última categoría: una norma que no se animó a proteger, que renunció a disuadir y que, en los hechos, entregó a los trabajadores a la impunidad patronal.

La reciente sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 42 a cargo del juez Ricardo Hierrezuelo lo deja a la vista con una claridad incómoda: mientras la ley recorta derechos, la Justicia debe recordar que el trabajo en negro no es un detalle administrativo, sino una máquina de producir daño.

Porque lo que el legislador eliminó —con una ligereza que sorprende y ofende— fue nada menos que el sistema de indemnizaciones agravadas que durante décadas funcionó como freno al fraude laboral. La Ley 27.742 derogó sin pudor las protecciones históricas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345. Y lo hizo sin ofrecer nada a cambio.

No modernizó: vació. No equilibró: desarmó. No transformó: desprotegió.

El caso que motivó el fallo es el retrato perfecto de la informalidad argentina: salario en negro, remuneraciones por debajo del convenio, horas extras invisibles. Un trabajador real, de carne y hueso, enfrentando la precariedad que la Ley Bases decidió mirar desde lejos.

El juez rechazó el planteo de inconstitucionalidad, sí, pero dejó expuesto un dato que el Congreso prefirió ignorar: la derogación de las multas no elimina el daño, sólo deja a los trabajadores con menos herramientas para defenderse. Ahora deben probar los perjuicios que antes el legislador presumía porque eran obvios. Un retroceso jurídico empaquetado como modernización.

Y los daños existen, son concretos y brutales: no aportan para su jubilación, o computarlos en una proporción menor; pierden acceso a una obra social adecuada, o acceder a un plan de salud inferior; quedan sin cobertura inmediata ante un accidente laboral; no acceden a créditos; no pueden proyectar una vivienda; viven atados a la precariedad que otros venden como 'flexibilidad'.

La frase del fallo es demoledora: 'La Ley 27.742 persigue la impunidad de los autores de múltiples y repetidos incumplimientos'. Con esa sola línea queda desnudo el verdadero espíritu de la norma: una reforma que premia al evasor y castiga al cumplidor, que debilita al trabajador y fortalece al infractor. Una señal inequívoca de que el Estado ha decidido correr la mirada mientras otros rompen la ley.

El principio protectorio sigue vigente —porque ni la Ley Bases se atrevió a tocar ese pilar constitucional—, pero ahora resiste solo, desarmado y forzado a pelear cuesta arriba. Resiste a pesar de la ley, no gracias a ella.

La sentencia lo expone con crudeza: en un país donde la informalidad acredita un alto porcentaje, quitar sanciones es algo más que irresponsable. Es complicidad. La Ley Bases no es solo una norma insuficiente: es una renuncia explícita del Estado a defender a millones de trabajadores frente al fraude cotidiano.

Si esta es la 'modernización' prometida, entonces no estamos ante un nuevo paradigma. Estamos ante el viejo país de siempre: el país donde el poder se protege entre sí y donde el trabajador —otra vez— queda solo frente al abuso.