De la Partida Policial al fin del cepo

Hacia finales de la década de 1870, la preocupación por garantizar la seguridad en un territorio rural en plena expansión como era Chacabuco resultaba central. La figura del Juez de Paz concentraba gran parte de las decisiones políticas y judiciales del partido. En abril de 1877, bajo la gestión del juez Miguel Insiarte, se anunció formalmente la organización de la "Partida de Policía para garantir el orden". Para liderar este cuerpo, se designó como jefe a don José Insaurraga, quien recibió directivas terminantes para reprimir el delito en la campaña.

Cuenta el profesor Oscar Melli que la efectividad de estas primeras medidas pareció dar frutos rápidamente. Al presentar su renuncia en noviembre de ese mismo año, el propio Insiarte declaraba con orgullo que el partido se encontraba "completamente libre de salteadores, que desde mucho tiempo antes se paseaban públicamente". Sin embargo, la calma era precaria y los recursos muy escasos.

El mantenimiento del orden chocaba constantemente contra la burocracia provincial y la falta de presupuesto. Entre 1877 y 1878, Insiarte gestionó incansablemente mejoras para la eficiencia del cuerpo. Como parte de eso, solicitó el aumento de la dotación en cinco hombres y la designación de un oficial subalterno para recorrer las zonas rurales.

La precariedad era tal que, ante la falta de armamento adecuado para los alcaldes y tenientes alcaldes de los cuarteles, el funcionario propuso a las autoridades bonaerenses realizar una "recogida general de armamento perteneciente al Estado que pudiese existir en poder de particulares". La respuesta del gobierno de la Provincia se dilató a la espera de la sanción del presupuesto, evidenciando la soledad con la que las autoridades locales debían resolver las urgencias del día a día.

Para paliar esta fragmentación, un decreto provincial del 18 de junio de 1878 dispuso la organización de once Partidas de Policía en la provincia. Cada una pasó a estar compuesta por 38 hombres bajo el mando de un comisario, dos oficiales y dos sargentos. A nivel regional, Chacabuco formaba parte de la sección séptima de policía, cuya cabecera y asiento principal se ubicaba en el partido de Nueve de Julio, compartiendo órbita con Bragado y 25 de Mayo.

Uno de los mayores dolores de cabeza para los primeros gobernantes locales fue la infraestructura. Entre 1866 y 1870, los archivos reflejan una constante preocupación por la falta de edificios apropiados para la municipalidad, la justicia y la policía. A mediados de 1870, el rancho de barro y paja que servía como base a la Partida de Policía presentaba un estado tan ruinoso que la Municipalidad tuvo que contratar reformas con extrema urgencia.

La situación de la alcaidía o prisión era aún peor. Un informe elevado a la Provincia el 3 de diciembre de 1872 por el juez de Paz, don Celedonio Sosa, y don Agustín Vidal describía el panorama con total crudeza: "La cárcel y Cuartel de Policía es también una casa particular, alquilada y pagada por esta Corporación, completamente inadecuada a su objeto, sin la seguridad y solidez que tales edificios reclaman y sin las habitaciones necesarias para el mejor servicio".

Esta fragilidad edilicia provocaba situaciones como una que se dio en 1873, cuando el Juzgado de Chacabuco se vio obligado a remitir a tres detenidos directamente al Departamento Central de Policía de Buenos Aires, porque la cárcel del pueblo era "completamente insegura". Tampoco era fácil derivarlos a la región: el Juzgado del Crimen del Departamento del Centro ya había rechazado recibir presos locales en la cárcel de Mercedes debido al hacinamiento crónico que sufría ese penal.

A pesar de los tropiezos materiales, la estructura civil continuó consolidándose. Aunque no existen actas que certifiquen el día exacto de la fundación de la subcomisaría local, los registros confirman que para 1881 ya operaba de forma regular en el pueblo, enfocándose en combatir el comercio ilegal. Una década más tarde, en 1891, se formalizó la creación de la Comisaría del partido de Chacabuco, quedando al frente el comisario don Adrián Lazaga. Para entonces, la fuerza provincial en el pueblo había crecido de forma notable: la integraban el comisario, un sargento, un cabo, dos meritorios y 31 vigilantes.

Junto al crecimiento de la estructura policial, llegó también una profunda transformación en la concepción del castigo. El 8 de noviembre de 1881, un histórico decreto firmado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, abolió definitivamente el uso del cepo y la barra de grillos, instrumentos de tortura y sujeción heredados de la época colonial. Rocha fundamentó la medida señalando que el cepo era un "resabio de épocas atrasadas" y recordó el precepto constitucional de que las cárceles debían ser para seguridad y no para mortificación de los ciudadanos.

La aplicación de esta orden en Chacabuco fue inmediata y comunitaria. El decreto exigía que, en el plazo de un mes, los jueces de Paz inutilizaran físicamente estos instrumentos en un acto público frente al procurador municipal, el comisario y vecinos de la localidad, labrándose un acta oficial del evento. En Chacabuco, el plano político local acusó recibo rápidamente: en la sesión del 7 de diciembre de 1881, la Municipalidad tomó conocimiento formal del decreto del gobernador Rocha y adoptó las medidas pertinentes para destruir los instrumentos de castigo.