El colegio también tiene tarea

Doctora Susana Manzi

Un fallo de Neuquén aplicó la Ley Olimpia a un caso de violencia digital entre compañeros de secundaria y no se conformó con separar a las partes: le ordenó a toda la escuela hacerse cargo. Una sentencia que enseña que el consentimiento digital también se aprende en el aula.

Hay un tipo de violencia que ya no necesita un cuarto oscuro ni un pasillo vacío. Le alcanza con un celular y un grupo de WhatsApp. A., una adolescente de Neuquén, lo vivió en carne propia: un compañero de su escuela secundaria grabó y difundió material íntimo suyo sin su consentimiento. El informe psicológico que acompañó la causa habla de un cuadro depresivo, de angustia, de un miedo constante a cruzarse con la mirada de sus compañeros en los pasillos. Ese miedo tiene nombre jurídico —violencia digital y de género— y desde 2024 tiene también una ley que lo nombra: la Ley Olimpia (27.736).

La Ley Olimpia llegó a la Argentina para poner en palabras algo que hasta hace poco no tenía encuadre legal claro: que difundir imágenes o videos íntimos sin permiso no es una travesura de adolescentes ni un problema entre pares que se resuelve solo. Es violencia. Y la novedad de este fallo es que esa ley, pensada en general para mujeres adultas, empieza a bajar al territorio donde más falta hace: el aula.

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Neuquén, Dra. Adriana Luna, tuvo la causa sobre su escritorio y pudo haber optado por el camino más transitado: una medida cautelar, una restricción de contacto entre los dos chicos, y listo. No lo hizo. Entendió que el interés superior del niño no se agota en proteger a la víctima de un daño puntual, sino en evitar que ese daño vuelva a ocurrir, con otro nombre y otro celular, el año que viene. Por eso ordenó algo mucho más ambicioso: que toda la comunidad educativa —docentes, directivos, familias, y no solo los dos adolescentes involucrados— participe de manera obligatoria de talleres sobre violencia digital, uso responsable de redes, consentimiento y vínculos saludables entre adolescentes.

Me detengo en esto porque es lo que hace de este fallo algo distinto a lo que solemos leer. La Justicia argentina, casi siempre, actúa después del daño: repara, indemniza, sanciona. Acá decidió intervenir antes, sobre la cultura escolar que permite que estos hechos se repitan. Fijó plazos concretos —treinta días hábiles para la primera jornada—, exigió que los talleres estén a cargo de profesionales especializados en género y ciudadanía digital, y pidió que la escuela rinda cuentas del impacto logrado, bajo apercibimiento de ley. No es una recomendación con buena voluntad. Es una orden judicial con consecuencias si no se cumple.

Como docente, no puedo dejar de sentir que este fallo dice algo incómodo sobre nuestras escuelas: que todavía no estamos enseñando lo más elemental sobre el mundo digital que nuestros propios alumnos habitan a diario. Hablamos de convivencia, de bullying, hasta de educación sexual integral, pero rara vez hablamos de que un cuerpo fotografiado sin permiso sigue siendo un cuerpo violentado, aunque la violencia pase por una pantalla y no por un puño. A. tuvo miedo de ir a la escuela. Ese dato, tan simple, debería alcanzarnos para entender que la institución no puede seguir mirando para otro lado cuando el daño ocurre puertas afuera del horario de clase, entre celulares que nadie controla del todo.

Este fallo no resuelve el problema de fondo —la exposición constante de nuestros adolescentes en un ecosistema digital que no fue diseñado para cuidarlos—, pero marca un camino: la Justicia puede ordenar, pero la prevención se construye en el aula, todos los días, con adultos dispuestos a hablar de lo que antes se callaba. La pregunta que nos deja Neuquén es simple y no admite demasiadas vueltas: ¿vamos a esperar que un fallo nos obligue a enseñar consentimiento digital, o vamos a empezar antes de que el próximo A. tenga miedo de volver al colegio?