El empleo en alerta

Las recientes cifras publicadas por el INDEC encienden una clara señal de alarma. Con una tasa de desempleo que alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el país registra el índice más alto desde los momentos más dramáticos de la pandemia de COVID-19. La cifra representa a 1,8 millones de personas sin trabajo, un deterioro alimentado principalmente por un número cada vez mayor de ciudadanos que se vuelcan a la búsqueda de ingresos ante la pérdida del poder adquisitivo. El costado más preocupante de esta dinámica no reside solo en la desocupación visible, sino en el acelerado empeoramiento de las condiciones laborales. La precarización del mercado de trabajo avanza: la informalidad escaló al 45%, abarcando a más de diez millones de trabajadores, mientras que el empleo formal continúa en retroceso. Este traspaso hacia la informalidad y la proliferación del cuentapropismo precario actúa como un amortiguador muy endeble, que solo alcanza a maquillar la pérdida estructural de puestos de calidad. El impacto de estos problemas es directo sobre el consumo local. Sin empleos estables con protección social ni salarios dignos, el mercado interno se contrae, arrastrando al comercio, la industria y los emprendimientos locales a un círculo recesivo. Resulta indispensable e impostergable la implementación de políticas públicas activas que protejan el tejido productivo, impulsen la generación de trabajo formal y estimulen la demanda nacional. Solo mediante un Estado que promueva el empleo registrado y fortalezca la economía interna será posible mejorar la calidad de vida de nuestras familias.