La letra grande del abuso

Doctora Susana Manzi

El Juzgado de Paz de Angaco, en San Juan, le puso techo a una financiera que pretendía cobrar más de dos millones de pesos por un préstamo de un millón.

Todo estaba informado: la tasa, el costo financiero, el sistema de amortización. Y sin embargo, el juez la anuló igual. Porque enunciar el abuso con claridad no lo vuelve legítimo.

Hay algo profundamente argentino en la escena: el escalón más bajo del organigrama judicial —un juzgado de paz de un departamento rural sanjuanino— poniéndole un límite a una financiera que opera en todo el país. No fue la Corte. No fue una cámara de apelaciones. Fue un juez de paz que se sentó a leer, línea por línea, una planilla de cálculo.

El 26 de agosto pasado resolvió una ejecución de pagaré de consumo. Los números son estos. La financiera entregó un millón de pesos. El plan: nueve cuotas de doscientos noventa y cinco mil, o sea, dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil. Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil de intereses en nueve meses, el 165,5% sobre el capital. La tasa nominal anual pactada era del 258,89%; la efectiva, del 945,65%; y el costo financiero total, con IVA incluido, del 1.523,95%. En esos mismos días, un banco prestaba a una tasa que rondaba el 40% anual.

El deudor pagó dos cuotas y parte de la tercera. Después no pudo más. La financiera fue a la Justicia a reclamarle dos millones cinco mil doscientos pesos por un millón prestado del que ya le habían devuelto seiscientos cincuenta mil.

Ahora bien, acá está lo que distingue a este fallo y lo que merece discutirse en serio: la empresa había cumplido con la ley. Informó todo. La tasa nominal, la efectiva, el costo financiero total, el sistema de amortización. Exactamente lo que exige el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y el juez anuló la tasa lo mismo.

Porque informar bien un abuso no lo deja de ser. El artículo 37 manda tener por no convenidas las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del consumidor, y habilita al magistrado a integrar el contrato. Eso hizo: morigeró el interés al doble de la tasa de plaza y tumbó los compensatorios de las cuotas cuarta a novena, con un razonamiento que cualquiera entiende sin haber pisado una facultad de derecho: si el plan de pagos se cayó por la mora, nadie puede cobrar el precio de un financiamiento que ya dejó de existir. Se cobra por el tiempo que pasó, no por el que no va a pasar.

Durante años repetimos —con razón— que el problema estaba en la letra chica. Este fallo muestra otra cosa, más incómoda: que el abuso también viaja en letra grande, declarado, en negrita, cumpliendo puntillosamente cada formulario. La transparencia se volvió coartada.

Y hay un dato que me inquieta todavía más que las tasas. El deudor nunca se presentó. No opuso excepciones, no cuestionó nada, no fue al juzgado. Como la enorme mayoría de estas ejecuciones, que —lo dice el propio fallo— se tramitan en rebeldía. Del otro lado no hay abogado, ni consulta, ni defensa: hay una persona que firmó apurada porque necesitaba la plata y que después dejó de abrir las cartas documento. Si el juez no mira de oficio, no mira nadie.

Por eso el párrafo más fuerte de la sentencia no es técnico, es político. El magistrado escribió que, ante la insuficiencia o la lisa inexistencia de políticas públicas de regulación y tutela del consumidor por parte del Estado Nacional, le toca al Poder Judicial ejercer el control de razonabilidad para que la libertad de contratar no se transforme en un mecanismo de abuso. Es una confesión institucional: un juez de pueblo avisando que está tapando un agujero que no le corresponde tapar.

Como abogada sé que este fallo no arregla el problema de fondo: llega tarde, caso por caso, cuando la deuda ya destruyó una economía familiar. Como docente insisto en que la educación financiera no puede ser la excusa para que el Estado se corra. Nadie firma un 1.523% por ignorancia: lo firma porque el mes no cierra.

Regular el crédito es tarea de la política. Mientras tanto, agradezcamos que alguien, en un juzgado chiquito de San Juan, todavía se tome el trabajo de leer la planilla.