Los martilleros rechazan las desregulaciones y advierten por la ilegalidad

El presidente de los colegiados del Departamento Judicial de Junín, Daniel Di Palma, manifestó su preocupación en torno a la seguridad jurídica y el riesgo de que proliferen actividades que abran camino a las estafas.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su firme rechazo a un proyecto de ley de La Libertad Avanza que busca desregular la actividad. Desde la entidad advirtieron que la iniciativa pretende "equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria". Su presidente, Luis Eusebio Colao, cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por nueve de los veinte legisladores que integran el bloque bonaerense de LLA. Según denunció, el espacio busca "esconder, a través de un enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada".

'Con inusitado desparpajo modifican el artículo 80 de las infracciones", advirtió Colao, detallando que el nuevo texto excluye de multas y sanciones a toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer el título habilitante. Para el dirigente, esta modificación no solo iguala la actividad con la ilegalidad, sino que además la despenaliza: 'En resumidas cuentas, se legaliza lo ilícito y se le abre la puerta al reino de las estafas'.

Consultado por Democracia.com, el presidente del Colegio de Martilleros del Departamento de Junín, Daniel Di Palma, cuestionó la desresponsabilización, habló de retroceso y manifestó la preocupación de los colegiados en torno a la seguridad jurídica y el riesgo de que proliferen actividades dentro de la ilegalidad.

El proyecto de ley presentado por legisladores de La Libertad Avanza para desregular la actividad de los martilleros abrió un debate sobre la seguridad en las operaciones inmobiliarias y, desde el ámbito colegiado local, Di Palma expresó la preocupación por las consecuencias directas de esta medida en el territorio bonaerense.

El martillero consideró que "el proyecto produce un retroceso enorme a todo lo que significa la estructura jurídica y el desarrollo profesional de los martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires'. Una profesión de más de medio siglo de constitución, formación y desarrollo, con el aval de las instituciones jurídicas de orden público que, según advirtió, 'han sostenido la legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos de la Provincia y del Departamento Judicial Junín'.

La principal crítica de los profesionales del sector apunta a la desvalorización de la formación académica que propone la reforma, argumentando que se desprotege a los bonaerenses al eliminar las exigencias técnicas y de matriculación vigentes.

Sobre la iniciativa libertaria, unió el reclamo al del colegio provincial que refiere que 'un puñado de legisladores de LLA busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta que pretenda ejercer la actividad del corretaje, bajo una supuesta premisa desregulatoria'.

Di Palma advirtió que "desregular el sector y desresponsabilizar actores en el mercado roza lo obsoleto". Según argumentó, la medida implica un retroceso de más de medio siglo en la evolución profesional de la provincia y esconde el intento de "equiparar a un profesional con cualquier persona física o jurídica no matriculada'.

Al analizar el impacto de la iniciativa, el presidente de los martilleros del Departamento Judicial local alertó sobre el riesgo para la seguridad jurídica y el avance de la ilegalidad. 'Equiparar a un profesional universitario con alguien que no lo es abre la puerta a que se desarrolle una actividad ilícita. Esto facilitaría la aparición de estafas en el ámbito inmobiliario de la provincia de Buenos Aires', denunció. En esa misma línea, calificó la propuesta como "una decisión caprichosa" que "promueve la ilegalidad y vulnera a los ciudadanos".

Finalmente, el dirigente local alertó sobre el impacto social de la ley: 'Esto genera precarización y podría afectar directamente el trabajo de prácticamente 200 mil familias bonaerenses, además de desfinanciar los aportes de una Caja de Previsión Social que sostiene a muchísimos jubilados. Estamos muy atentos y en alerta ante esta presentación inusitada'.