Los presos de Bragado

El mediodía del 5 de agosto de 1931 transcurría con aparente normalidad en la residencia de Almirante Brown 545, en la ciudad de Bragado. La propiedad pertenecía a José María Blanch, un influyente senador electo por el Partido Conservador. A la puerta llegó un envío misterioso, cuyo tamaño recordaba al de un cajón de manzanas. Ante la ausencia de Blanch, su hija, María Enriqueta, y su cuñada, Paula Arruabarrena, decidieron abrir la encomienda.

Al levantar la tapa, la violencia de una detonación estremeció la manzana. La explosión mató de forma instantánea a ambas e hirió de gravedad a Juana, la esposa del legislador.

Un artículo publicado en el sitio Infobae menciona que en una Argentina sacudida por el golpe militar del general José Félix Uriburu y bajo un estricto estado de sitio, el atentado generó conmoción nacional. Las primeras hipótesis policiales, condicionadas por el perfil político de las víctimas, apuntaron al radicalismo. Dirigentes locales como Melchor Durán y Juan Perutti fueron apresados de inmediato, pero la falta absoluta de pruebas obligó a las autoridades a desvincularlos rápidamente de la causa.

Sin pistas claras, una denuncia anónima redirigió el foco de la pesquisa hacia el movimiento anarquista. Para las autoridades de la época, el colectivo libertario representaba el chivo expiatorio ideal.

Así, el 16 de agosto una comitiva policial irrumpió en un establecimiento rural de la localidad de Durañona, en el partido de Olavarría. Allí detuvieron a Pascual Vuotto, un obrero ferroviario de 26 años. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron su biblioteca personal y le impidieron cambiarse de ropa en la intimidad de su habitación. Vuotto convivía con Donatila Barrera y la pequeña hija de ambos, nacida en abril de ese mismo año.

A la aprehensión de Vuotto le siguieron las de Reclús de Diago, un joven español de 23 años, en Castelar, y Santiago Mainini, un italiano de la misma edad, en Lomas del Mirador. Ambos se dedicaban al oficio de la ladrillería. También cayeron en la redada el ferroviario Julián Ramos, de Mechita, y el ladrillero Juan Rossini, de Castelar.

La acusación se sostuvo sobre una reunión clandestina celebrada el 16 de julio anterior en una quinta de las afueras de Bragado. Aunque los detenidos explicaron de forma reiterada que el encuentro tenía como único fin recaudar fondos para la edición de un periódico obrero, la policía, bajo el mando del comisario Enrique Williman, dictaminó que allí se había planificado el salvaje atentado.

Decididas a cerrar el caso a cualquier precio, las autoridades policiales sometieron a los arrestados a sistemáticos tormentos físicos y psicológicos. Ante la negativa a admitir el despacho de la encomienda, Vuotto sufrió simulacros de fusilamiento y fue arrastrado del cabello por los pasillos.

Lo mismo le sucedió a los demás presos y pese a que el médico policial Francisco Macaya denunció formalmente el estado en que se encontraban los detenidos tras examinar las secuelas físicas, el juez de la causa, Juan Carlos Díaz Cisneros, desestimó el informe aduciendo falso testimonio por parte del profesional. Los reclamos de la defensa -encabezada por juristas de la talla de Carlos Sánchez Viamonte y Enrique Corona Martínez- chocaron contra la postura del fiscal Juan Augé y el respaldo institucional de la cúpula gubernamental.

A pesar de que las confesiones arrancadas bajo tormento presentaban severas contradicciones entre sí y de la inexistencia de elementos materiales que los vincularan a la bomba, la justicia avanzó y el 31 de diciembre de 1934 los acusados fueron condenados a prisión perpetua. La sentencia fue ratificada por los tribunales superiores en años sucesivos, culminando en 1941 con la negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a revisar el fallo.

Durante los años de encierro en la penitenciaría de Mercedes, Vuotto escribió un libro, titulado 'Vida de un proletario', y convirtió su celda en un centro de resistencia. Redactó infinidad de panfletos, cartas y comunicados. Exigió de forma vehemente que la causa no llevara su nombre individual sino la denominación de "El Proceso de Bragado", para involucrar el reclamo de libertad de todos sus compañeros.

En paralelo, la sociedad civil y el arco gremial impulsaron una intensa campaña de solidaridad. Sindicatos, bibliotecas populares y partidos de izquierda organizaron cientos de actos públicos. La repercusión internacional alcanzó tal magnitud que la prensa extranjera no tardó en bautizarlos como "los Sacco y Vanzetti argentinos".

Hacia 1942, la presión social y mediática volvió insostenible la postura del gobierno bonaerense encabezado por Rodolfo Moreno. Ante el costo político de la causa, la administración optó por una salida intermedia propuesta por el ministro Vicente Solano Lima: conmutar la pena de prisión perpetua por una de 17 años y otorgarles la libertad condicional.

El 24 de julio de 1942, tras once años de prisión ininterrumpida, Pascual Vuotto, Reclús de Diago y Santiago Mainini salieron en libertad. Vuotto, que había perdido la visión de un ojo debido a los golpes recibidos en los interrogatorios, se radicó con su familia en la localidad de Ciudadela y consiguió empleo en la Dirección Nacional de Vialidad.

La verdad definitiva sobre la autoría del atentado salió a la luz décadas después. Antes de quitarse la vida, el dirigente conservador Alfredo Chulivert, quien al momento del hecho se desempeñaba como jefe de la estación ferroviaria de Bragado, confesó mediante un escrito haber sido el verdadero responsable del envío de la bomba.

Más de medio siglo después, a instancias del diputado Guillermo Estévez Boero, el Congreso de la Nación sancionó en julio de 1993 la Ley 24.233, mediante la cual el Estado nacional desagravió formalmente la memoria de los tres trabajadores anarquistas. Pascual Vuotto no llegó a presenciar el acto de justicia legislativa: falleció el 16 de febrero de 1993, pocos meses antes de la promulgación de la norma.