Paga o se queda sin el auto

La Justicia de Bariloche volvió a poner las prioridades sobre la mesa: el bienestar de los hijos no es negociable. En un fallo reciente, fechado el 25 de febrero de 2026, la justicia local dictó una sentencia monitoria contra un progenitor que adeuda una suma millonaria en concepto de cuota alimentaria.

La situación no es menor. La deuda principal acumulada asciende a $7.270.929,87. Pero el incumplimiento tiene un costo extra: a ese monto se le suma un 45% adicional ($3.271.918,44) en concepto de intereses y costas judiciales, lo que eleva la cuenta total por encima de los 10 millones de pesos.

Ante esta realidad, la justicia ha decidido avanzar con medidas concretas para garantizar que el dinero llegue a quien corresponde. No se trata solo de una orden de pago en un papel, sino de una advertencia directa sobre el patrimonio del deudor.

La medida más contundente de este fallo es la orden de embargo preventivo sobre un vehículo del demandado: un Volkswagen Crossfox 1.6, modelo 2009.

"Informado que sean los datos bancarios, líbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor... a los fines de que tenga a bien trabar embargo preventivo sobre el vehículo...".

¿Qué significa esto en la práctica? Que el auto queda "bloqueado" legalmente. El titular no puede venderlo ni transferirlo, y este embargo es el paso previo y necesario para una posible subasta. Si el progenitor no salda la deuda, ese vehículo será la moneda de cambio para cubrir los alimentos que sus hijos no recibieron en tiempo y forma.

La justicia le ha dado al deudor un ultimátum muy corto. Una vez que sea notificado del embargo, tendrá apenas 5 días hábiles para:

    1. Pagar la totalidad de la deuda (incluyendo los intereses y gastos del juicio) en la cuenta judicial abierta para tal fin.

    2. Oponerse formalmente si considera que hay errores legales en el reclamo.

Si el plazo vence y el dinero no aparece, la ejecución continuará su curso, lo que acerca al vehículo al martillo del rematador.

Un mensaje claro

Este fallo refuerza una tendencia necesaria: el uso de medidas "coercitivas" para que la cuota alimentaria deje de ser una opción y pase a ser una obligación ineludible. En este caso, el mensaje es transparente: los derechos de los niños están por encima de la comodidad de tener un vehículo en la cochera.