Paragolpe de la crisis

El Ejecutivo nacional decide los grandes trazos macroeconómicos en los despachos de la Capital, pero es en las provincias y los municipios donde la crisis deja de ser una cifra estadística para convertirse en un vecino con nombre, apellido y una urgencia impostergable. Y se sabe que la diferencia entre las palabras y los hechos está en las partidas presupuestarias. 

Asistimos a un fenómeno tan silencioso como alarmante: la municipalización de la crisis. Ante la caída sostenida de la actividad económica, la retracción del mercado interno y el desplome del consumo, el primer mostrador de contención social vuelve a ser la municipalidad. Cuando el sueldo no alcanza, cuando las tarjetas de crédito se desbordan y el sobreendeudamiento familiar sofoca a los hogares, los vecinos no viajan a pedir respuestas a la Casa Rosada. Golpean la puerta del Palacio Municipal.

Esta dinámica se potencia dramáticamente con la retirada del Estado nacional. Al desentenderse de funciones básicas y congelar partidas, la Nación ejerce una suerte de descentralización de la emergencia: tira los problemas para abajo, hacia los territorios, pero retiene los recursos. Las demandas en salud pública se multiplican porque las familias pierden sus obras sociales o no pueden pagar los medicamentos. El municipio debe actuar como bombero de última instancia.

Pero la municipalización de las urgencias sin el respaldo presupuestario correspondiente es una trampa fiscal y social. El riesgo a evitar es que la supuesta responsabilidad macroeconómica de la Nación no se traduzca en el desamparo de las comunidades locales.