Rutas abandonadas

La decisión del Juzgado Federal de Victoria de dar trámite al amparo contra el Estado nacional por el abandono de las rutas no es un mero trámite judicial ni un conflicto acotado a Entre Ríos. Aunque la presentación fue impulsada por los legisladores entrerrianos Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, la medida del juez Federico Martin sienta un precedente judicial de alcance nacional que impacta de lleno en todo el territorio argentino.

El fallo pone sobre la mesa una pregunta inquietante que los vecinos y sectores productivos de Chacabuco se hacen a diario al transitar por la red vial: ¿qué está haciendo realmente el gobierno nacional con los recursos destinados a la infraestructura vial?

El reclamo expone una paradoja grave. Los fondos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), alimentados directamente por el impuesto a los combustibles que pagamos todos los ciudadanos cada vez que cargamos nafta, deberían invertirse en el mantenimiento y seguridad de los caminos. Sin embargo, la denuncia advierte que más de 1,5 billones de pesos habrían sido desviados hacia instrumentos financieros y utilizados para maquillar el superávit fiscal a costa del deterioro de la red pública.

Al exigir al Ejecutivo un informe urgente sobre el interés público comprometido antes de resolver la medida cautelar, la Justicia abre una vía para demandar transparencia. Las rutas nacionales no son un renglón contable para ajustar variables financieras; son arterias fundamentales para la producción, el comercio y, fundamentalmente, para la vida de miles de familias que las transitan cada día.