Sin Universidad Pública no hay Justicia ni Estado de Derecho

Por doctora Susana Manzi

Ayer, las calles de todo el país se convirtieron en un aula a cielo abierto. La Marcha Federal Universitaria no es solo una movilización sectorial; es el grito de una sociedad que entiende que el conocimiento es el único cimiento sobre el cual se construye una nación soberana. Como auxiliar de la justicia y como formadora en las aulas, no puedo sino observar con profunda preocupación el escenario actual: se han cumplido ya 200 días de incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.

La Educación como Garantía del Estado de Derecho

Desde la perspectiva jurídica, debemos ser tajantes: Sin educación pública, no hay Estado de Derecho. La democracia no se agota en el ejercicio del voto; se nutre de la igualdad de oportunidades y del acceso equitativo al saber. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, es clara al imponer al Congreso la responsabilidad de proveer lo conducente al desarrollo humano y a la educación, garantizando la gratuidad y equidad de la educación pública estatal.

Cuando el Estado asfixia presupuestariamente a las instituciones, no está "ahorrando"; está vulnerando un derecho humano fundamental y desmantelando la arquitectura legal que sostiene nuestra convivencia democrática. La universidad pública es el espacio donde el hijo de un obrero y el hijo de un empresario se sientan en el mismo banco para buscar la excelencia. Romper ese lazo es romper el pacto social argentino.

El Salario Docente: Dignidad para la Excelencia

No hay universidad de calidad sin trabajadores dignos. La urgente recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes no es una petición caprichosa, es una necesidad de supervivencia institucional. La pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación ha colocado a quienes sostienen el sistema en una situación límite.

Como docentes, nuestra tarea es transmitir el respeto por la ley y el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos pedir excelencia si el Estado ignora las leyes de financiamiento que él mismo debe ejecutar? El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario debe ser inmediato; el derecho no puede esperar a que las planillas de cálculo cierren a costa del hambre de la educación.

Defender el Título, Defender el Futuro

Como abogada, reafirmo que defender la universidad pública es, en última instancia, defender el futuro de nuestra profesión. Los abogados y abogadas que hoy operamos en los tribunales somos, en su inmensa mayoría, hijos de la educación pública. Allí aprendimos que la justicia no es un privilegio de pocos, sino un derecho de todos.

La excelencia académica que nos prestigia en el mundo no es fruto del azar, sino de una política de Estado que hoy se encuentra bajo asedio. Si permitimos que el acceso al conocimiento se convierta en una mercancía, estaremos condenando a las próximas generaciones a una justicia elitista y a una sociedad fracturada.

La educación pública es la base de la libertad. No existe verdadera libertad de elegir cuando el camino del conocimiento está bloqueado por el código postal o el saldo bancario.

Hoy, que aún resuenan los ecos de la marcha, la tarea segue siendo la misma: exigir que el Gobierno de Milei cese el incumplimiento legal y garantice los fondos necesarios. Porque la universidad no se vende, se defiende; y porque sin libros, no habrá justicia.