Una condena por fumigaciones en Pergamino impacta en toda la región

La justicia federal condenó este jueves a dos exfuncionarios de la municipalidad de Pergamino al cabo de un extenso proceso abierto por la aplicación de agrotóxicos en la zona periurbana de esa ciudad, cerca de viviendas particulares y colegios. El fallo abre un escenario distinto para toda la región al sentar una jurisprudencia de enorme impacto en el sector agrícola.

El fallo fue firmado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario, del Tribunal Federal 2 de Rosario, que condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini, a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces, además, remitieron una copia del fallo y de las actuaciones previas al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.

Lo curioso del fallo es que condena a los agentes municipales y no a los productores agropecuarios ni a los aplicadores de los productos químicos. Fue la primera vez que se llevó al banquillo de los acusados a un grupo de productores rurales por la práctica de las fumigaciones, pero fueron absueltos, al igual que el ingeniero agrónomo que actuó como aplicador, porque la justicia consideró que no se probó que haya existido dolo -intención de producir daño- en su accionar. 

Así, Fernando Cortese y Mario Reinero Rosés quedaron exentos de los delitos de contaminación ambiental mediante residuos peligrosos y, en el caso de Cortese, también del delito de amenazas coactivas. La decisión se adoptó por aplicación del principio de la duda, al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para atribuirles responsabilidad penal.

También fueron absueltos Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Hugo Ariel Sabatini, Carlos Daniel Sabatini. Todos ellos habían llegado al juicio acusados por hechos vinculados a presuntas fumigaciones contaminantes en zonas cercanas a sectores poblados de Pergamino.

Una cuestión de salud pública

La causa generó gran interés en el sector agroindustrial porque se analizó una denuncia de vecinos sobre los efectos contrarios a la salud de la fumigación con aviones cerca de la zona urbana de Pergamino, una situación que se repite en muchas localidades del interior de la provincia e Buenos Aires y del resto de país.

Una de las claves principales del fallo es que da por probado que hubo impacto en la salud de la población. 'Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios', indica la sentencia.

Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.

En ese marco, la justicia validó el accionar de los vecinos denunciantes al confirmar que el término "agrotóxicos" se condice con el daño real probado en la salud de la gente. Por este motivo, el tribunal dictaminó que siguen vigentes las restricciones de distancia para fumigar (1.095 metros terrestres y 3.000 metros aéreas) para resguardar a la población.

Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.

No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.

El impacto del fallo en la región

Este fallo de Pergamino seguramente impactará en la Zona Núcleo, donde la línea divisoria entre el entramado urbano y las tierras de alta productividad agrícola cada vez es más difusa y genera tensiones recurrentes. Asimismo, el veredicto, al condenar a los funcionarios municipales, pone en el centro de la cuestión a los controles que los estados locales deben ejercer fehacientemente sobre las aplicaciones.

Por otra parte, la sentencia, si bien absolvió a los siete productores y aplicadores imputados por el "beneficio de la duda", pone de manifiesto que las prácticas agrícolas deberán tener en cuenta cuestiones como la zona de exclusión -que para este caso sigu plenamente vigente- o las condiciones ambientales adecuadas para fumigar. De esta manera, los jueces han establecido que si bien la culpabilidad criminal de los involucrados requiere certezas absolutas -y por eso fueron absueltos- también la protección de la salud pública y el medio ambiente han tomado un centralismo para la justicia que hasta ahora estaba más difuso.