Cuando se perdieron un millón de ladrillos y los solares se repartían entre personajes de la política local

Más allá del romanticismo que sobrevuela en los relatos sobre el origen de un pueblo, la realidad de lo sucedido suele estar atravesada por conflictos de intereses, disputas de poder y negociados. En el caso del pueblo Guardia Nacional, los entretelones de lo sucedido salieron a la luz a través de las obras del profesor Oscar Ricardo Melli, las cuales mostraron cómo el nacimiento de lo que hoy es la ciudad de Chacabuco y los primeros pasos de su consolidación institucional se vieron signados por un prolongado estancamiento en la obra pública, acusaciones cruzadas de corrupción, enemistades políticas irreconciliables y un reparto de tierras que benefició de manera directa a los círculos del poder local.
El artículo 4º del decreto relativo a la fundación del pueblo Guardia Nacional en el partido de Chacabuco establecía la creación de una Comisión Directiva de Obras Públicas que debía garantizar el progreso de la infraestructura comunitaria. Esta junta se conformó con cuatro vecinos destacados, en su mayoría acaudalados hacendados radicados en el partido, que eran Máximo Fernández Blanco, Miguel Insiarte, Juan Manuel Agüero y Ramón de Oliveira Cézar, a los que pronto se sumaría Joaquín Obejero.
Las primeras acciones de esta comisión parecieron marchar con aparente determinación. Junto con el juez de Paz y el agrimensor Justiniano Lynch, la Comisión asistió el 5 de febrero de 1866 a la fundación formal del pueblo y pocos días después sus miembros firmaron un ambicioso contrato ordenando la construcción de un millón de ladrillos destinados a levantar los edificios esenciales, que debían ser la Municipalidad, el Juzgado de Paz y las escuelas.
Durante su primer año de funcionamiento, la Comisión dispuso e invirtió fondos girados por la Tesorería de la Provincia que justificaban gastos por un monto total de 117.697 pesos moneda corriente. Detrás de las abultadas cifras se escondía una alarmante falta de eficiencia y control técnico. Lo que debió haber sido una rápida transición hacia la vida civil se convirtió en una desafortunada serie de incidencias que demoraron la habilitación de los edificios públicos de la localidad por alrededor de 12 años.
Cuenta el historiador que el control e inspección de las obras, que era facultad privativa de la Comisión, careció de toda eficacia frente a las necesidades del momento. Con el andar del tiempo, la Comisión Directiva de Obras Públicas fue perdiendo su peso específico hasta transformarse en una mera dependencia del Juzgado de Paz, quedando atrapada en el barro de la política de la época.
El factor que terminó por dinamitar el avance de las obras fue la profunda grieta política local, encarnada en el duelo personal e institucional entre dos figuras preponderantes: Celedonio Sosa y Miguel Insiarte. Esta pugna paralizó la administración y tiñó de sospecha cualquier iniciativa técnica, perjudicando de forma directa el desarrollo normal de los trabajos públicos.
Hacia 1875, bajo la gestión del juez Insiarte, se conformó una inspección integrada por los señores Guarnalusse y Echegaray, asociados a los vecinos Luis Lusardi y Pedro Tortorella, para examinar el estado de las construcciones. El informe puntualizó una serie de graves deficiencias e irregularidades cometidas por la empresa constructora, cuyo titular era el ingeniero don Enrique Mosconi. Frente a la gravedad del informe, Mosconi optó por buscar el amparo político y los buenos oficios de Celedonio Sosa y su grupo para neutralizar los efectos de la denuncia. Trasladando el duelo a este nuevo terreno, la facción de Sosa aseguraba que la comisión de Insiarte "había informado falsamente" y que los materiales empleados eran de buena calidad.
La verdad histórica, constatada posteriormente por el Ingeniero Adolfo Buttner -enviado por el Departamento de Ingenieros para revisar los trabajos-, confirmó las denuncias originales. El peritaje técnico de Buttner verificó serias deficiencias en la preparación de las mezclas, en las líneas de edificación y en otros detalles que demostraban la corrección del procedimiento de la Comisión designada por Insiarte. El propio Sosa debió admitir posteriormente que la conducta del constructor Mosconi "nos ha hecho perder ya toda esperanza de ver terminadas esas obras".
Informes posteriores confirmaron la lamentable impresión que causaba "el estado ruinoso de los edificios" debido al "abandono y mala dirección bajo la cual han estado", lo que elevaría al doble el presupuesto original.
El escándalo alcanzó su punto álgido cuando una comisión inspectora provincial, creada en julio de 1877, fue autorizada a iniciar indagaciones sumarias para esclarecer los abusos cometidos. El resultado de la investigación penal fue demoledor: de las actuaciones surgía que una gran parte del material de construcción había sido sustraído y utilizado por particulares, ignorándose el destino del resto
Las conclusiones de los inspectores provinciales calificaron la gestión de la Comisión con mucha dureza, sentenciando que sus integrantes operaron sin conocer el contrato y permitieron la desaparición de un millón de ladrillos, lo que probaba "un criminal abandono de los intereses confiados"..
En paralelo al desaguisado de la obra pública, el proceso de distribución de la tierra urbana y agrícola en Guardia Nacional exhibió las lógicas de favoritismo propias del poder de la época. La Comisión de Obras Públicas -a la que también se denominó "Comisión Fundadora"- había sido expresamente autorizada por el Ministerio de Gobierno para repartir 25 solares y 10 quintas a aquellos vecinos que manifestasen su intención de poblarlos. Si bien los adjudicatarios tomaron posesión de las parcelas a partir de mediados de la década de 1860, la ausencia de una escribanía pública en la región retrasó la obtención de los títulos legales de propiedad por casi dos décadas.
Transcurridos alrededor de 20 años, cuando en 1885 la Municipalidad solicitó y obtuvo del gobierno provincial la escrituración definitiva a favor de las personas que habían llenado las condiciones, los registros de la época sacaron a la luz una realidad incuestionable: en este reparto resultaron abiertamente favorecidos conspicuos personajes de la política y de la administración local. Uno de ellos fue el secretario de la Municipalidad, que según constó en el sumario judicial no sólo se aseguró la propiedad de dos valiosos solares urbanos que luego transfirió, sino que edificó su casa particular utilizando los mismos materiales que estaban destinados originalmente a la edificación de los monumentales edificios públicos del pueblo.