Educación como política de Estado en la Argentina

Lo que sabemos es que la Facultad de Psicología que funciona en Chivilcoy, como dependencia de la Universidad de La Plata, ha puesto un monto de dinero a pagar por los estudiantes, diferenciando según si se trata de jóvenes que viven en la propia ciudad de Chivilcoy, o si son de otras ciudades, por ejemplo, de Chacabuco. Precisamente, una estudiante de Chacabuco que cursa en Chivilcoy, decía ayer que 'empezamos la cursada el 11 de marzo, y esperamos saber más sobre eso a partir del inicio de clases'. Específicamente, la facultad de referencia pretende cobrar un monto, algo así como treinta mil pesos, a los estudiantes de Chivilcoy, y otro monto, aproximadamente sesenta mil pesos, a los estudiantes de las ciudades vecinas. 

Hemos hablado con personal administrativo de la facultad, y plantean que sólo se trata de un 'pago a la cooperadora' del cual tal vez se puedan eximir algunos alumnos… previa entrevista personal con las autoridades de la facultad.

Lo que también sabemos es que la disposición que mencionamos de la referida facultad, es arbitraria, es ilegal y es anticonstitucional: primero, porque la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 19 y 23 establece la gratuidad y equidad de la educación pública estatal; segundo, porque la Ley de Educación Nacional 26206 determina que la educación es una prioridad nacional y que el Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad, la gratuidad y la equidad en el sistema de educación pública; tercero, porque la Ley de Educación Superior 24521 art. 2 BIS establece que la educación superior es gratuita y está prohibido 'cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa, directos o indirectos'. 

La medida de imponer una entrevista a los alumnos resulta ser vejatoria y ataca la dignidad de nuestras chicas y muchachos que van a estudiar, y TIENE QUE SER ANULADA. 

Por otra parte, la Constitución Nacional y las leyes ordenan que la educación pública tiene por objetivo, entre otros, la unidad nacional y la integración de los habitantes de nuestro país, por lo cual, hacer diferencia en el monto que se pretende cobrar según si pertenecen a una ciudad o a otra, también va en contra de la Constitución y la Ley. Esa discriminación negativa TIENE QUE SER ANULADA porque ataca la identidad nacional y la unidad de nuestro país.  

La educación como política de Estado es un hecho cultural de la Nación Argentina, y se destaca a nivel mundial, siendo un signo característico positivo, favorable, enaltecedor, de nuestro país.

Carlos Martín Cerri