El radar no ve caras

Doctora Susana Manzi

Una Cámara de Paraná confirmó una fotomulta y dejó una regla clara: si el auto es suyo, la infracción se presume suya. Pero la presunción también le exige algo al Estado.

Una tarde cualquiera, usted le presta el auto a su hijo. Semanas después llega una notificación: exceso de velocidad, foto incluida. Se ve el auto, la patente, la ruta. Lo que no se ve es quién manejaba. Y, sin embargo, la multa está a su nombre.

Esa es, en esencia, la discusión que llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná. Un radar detectó a G.E.B. en exceso de velocidad sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de Colonia Ensayo. Nadie lo detuvo, nadie lo identificó, nadie le entregó un acta. Su planteo fue de manual: la foto retrata un vehículo, no a una persona, y sancionar al titular sin probar quién conducía viola la presunción de inocencia del artículo 18 de la Constitución.

La vocal Aranzazu Quiroga rechazó el recurso con un razonamiento que merece atención. Admitió lo evidente: el radar no individualiza a quien maneja, sino al rodado. Pero puso frente a frente dos presunciones: la de inocencia y la de legitimidad que acompaña a los actos del Estado, incluidas las actas de estos dispositivos. Y concluyó que, ante el deterioro de la seguridad vial, la inocencia no puede funcionar como un escudo que se activa con solo nombrarla: admite prueba en contrario.

La clave está en el artículo 75 de la Ley Nacional de Tránsito. Cuando no se identifica al conductor, 'por la razón que fuese', la infracción se presume cometida por el propietario, salvo que demuestre que había vendido el vehículo o que no estaba bajo su tenencia, denunciando quién lo tenía. Traducido: si usted le prestó el auto a su hijo, puede liberarse. Pero tendrá que decir que manejaba su hijo.

G.E.B. no hizo nada de eso. No alegó venta, ni préstamo, ni fuerza mayor. Según el fallo, limitó su estrategia 'al discurso'. Invocó la inocencia en abstracto y en abstracto la perdió. La cuenta se cerró con costas a su cargo y honorarios regulados en más de medio millón de pesos.

Ahora bien, la presunción corre para los dos lados. El mismo fallo enumera lo que la reglamentación exige para que una fotomulta sea válida: controles debidamente señalizados, equipos homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la firma de un funcionario autorizado y la notificación al domicilio que corresponde. Nada de eso fue cuestionado y, por eso, nada de eso fue revisado. Ahí está la verdadera lección: la defensa eficaz no discute el sistema en general, sino el acta en particular.

Como abogada, comprendo la decisión: la seguridad en las rutas no puede quedar a merced de una garantía recitada como fórmula. Como docente, me quedo con lo que enseña. El radar no ve caras, pero el titular sabe quién manejaba. Y el Estado, que presume, también debe demostrar que hizo bien su parte. Porque una presunción que solo le exige al ciudadano deja de ser equilibrio y empieza a parecerse a una trampa.