Los orígenes de la propiedad de la tierra en Chacabuco

Antes de que la ley de 1864 y el posterior decreto de febrero de 1865 fijaran los límites del partido de Chacabuco, la región ubicada al interior de la línea del río Salado funcionó durante varias generaciones como una difusa frontera entre la civilización y el territorio indígena. De a poco, aquellos campos que inicialmente estaban custodiados por las compañías de Blandengues desde las Guardias de Luján (actual Mercedes), del Salto y el Fortín de Areco, comenzaron a poblarse de manera efectiva al calor de la legislación agraria de la joven nación.

Cuenta el profesor Oscar Melli que el andamiaje jurídico de esta ocupación formal comenzó a estructurarse a partir de la emblemática Ley de Enfiteusis, sancionada el 18 de mayo de 1826 bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia. Esta norma disponía la entrega de tierras públicas por un término no menor a 20 años a cambio del pago de un canon anual. Sin embargo, la ley tenía graves omisiones que propiciaron una verdadera fiebre especulativa entre allegados al poder. Ello se debe a que no fijaba límites para la superficie máxima por adjudicar, ni obligaba a los beneficiarios a habitar de forma efectiva los campos.

Para intentar subsanar este descontrol, durante la gobernación del coronel Manuel Dorrego, en febrero de 1828, se sancionó una ley que introdujo modificaciones sustanciales, como limitar la superficie a un máximo de 12 leguas, lo cual también era una enormidad, teniendo en cuenta que cada legua cuadrada equivale a unas 2.300 hectáreas. También se planteaba la obligación de poblar el campo, edificar viviendas (casas o ranchos), construir corrales de zanja o estaca, y mantener un mínimo de 100 cabezas de ganado por legua.

Bajo este marco normativo surgieron los primeros registros y denuncias de tierras en lo que luego sería la jurisdicción de Chacabuco. Las fuentes históricas revelan que ya en octubre de 1826 se formalizó una denuncia por una fracción de una legua y media cuadrada en las inmediaciones de la laguna del Juncal, un paraje descrito entonces como de pastos fuertes y gramillares, pero con la notable deficiencia de no poseer aguadas permanentes. Al año siguiente, en agosto de 1827, se solicitaron 12 leguas con frente al Salado en el paraje denominado Rincón de Rocha. Los planos catastrales de la época revelan que en esa misma zona fronteriza ya se habían otorgado suertes de estancias a figuras de la talla del propio Manuel Dorrego, al coronel prusiano Federico Rauch y a un poblador de apellido Hernández.

Poco después, en septiembre de 1827, se sumaron nuevos pedidos para establecer latifundios de dimensiones enormes. Uno de ellos fue elevado por el político y diplomático Tomás Guido, que solicitó 9 leguas en las cercanías de la cañada de Chivilcoy. Paralelamente, se tramitó otra solicitud por 11 leguas cuadradas en la zona del Juncal Grande. Estas últimas tierras, hacia la década de 1840, pasarían a formar parte del patrimonio del general Ángel Pacheco.

Las adjudicaciones prosiguieron de forma sostenida a lo largo de los años siguientes. Uno de los beneficiarios fue Juan Nepomuceno Terrero, que se consolidó como titular de 10 leguas cuadradas sobre la margen del Salado, estableciendo la conocida estancia El Paraíso, la cual para 1839 limitaba con los campos de vecinos pioneros como Vicente González, Basilio Segovia, Toribio Obejero, Martiniano Bonorino y Guillermo Wrigth.

El ocaso de este régimen comenzó a delinearse el 15 de octubre de 1857, cuando la Legislatura de la Provincia dictó una nueva ley que autorizaba a volcar estas tierras al sistema de arrendamiento por un plazo máximo de 8 años, otorgando la opción de compra preferencial a los ocupantes.

La fisonomía latifundista del territorio empezó a resquebrajarse definitivamente tras la fundación formal del partido en 1865. Para esa fecha, la totalidad de la tierra ya poseía dueños o arrendatarios, y el flamante municipio contaba con apenas 40 explotaciones rurales. La necesidad de subdivisiones se volvió imperiosa debido a factores económicos y sociales. Uno de los hitos de esta fragmentación ocurrió tras la anulación de los títulos de propiedad del general Pacheco. Entre los nuevos aspirantes y favorecidos por la compra y loteo de estas tierras figuraron personalidades de la escena política y militar de la época, tales como Torcuato de Alvear -legislador e intendente de Buenos Aires-, Gregorio Quirno -comandante de la Guardia Nacional-, el coronel Benito Machado y Francisco Duberty, juez de Paz y fundador del pueblo Guardia Nacional. Duberty, en sociedad con Augusto de la Riestra, adquirió seis leguas de las llamadas "de caballadas del Estado" por una suma de 852.500 pesos, transfiriendo luego los derechos al Banco de Londres y Río de la Plata, entidad que subdividió el terreno en cuarenta fracciones y las remató públicamente en 1869, transformando la operación en un lucrativo negocio inmobiliario.

Este proceso de parcelación y colonización, indispensable para el posterior desarrollo agrícola de Chacabuco, guardó una contracara sombría y violenta. El desalojo de los antiguos pobladores y puesteros que carecían de títulos formales dio lugar a episodios de profunda tensión social, lo cual evocó las denuncias literarias del Martín Fierro y una amarga queja del comandante Manuel Prado, veterano de la Conquista del Desierto, sobre el injusto reparto de la tierra pública.

'Al verse después despilfarrada, en muchos casos, la tierra pública, marchanteada en concesiones fabulosas de 30 y más leguas; al ver la garra de los favoritos audaces clavada hasta las entrañas del país..., daban ganas de maldecir la gloriosa conquista...", escribió el militar.