Capturas no bastan

Doctora Susana Manzi

La Cámara de Apelaciones de Quilmes dejó una advertencia necesaria para los tiempos de WhatsApp: la dignidad, el honor y la reputación merecen máxima protección, pero una indemnización no puede apoyarse en mensajes cuya autenticidad nadie verificó.

En la era de las discusiones digitales, una captura de pantalla parece haberse convertido en una prueba definitiva. Basta con recortar una conversación, exhibir un insulto, señalar un nombre y llevar el conflicto a tribunales. Pero la Justicia acaba de recordar algo elemental: una imagen de WhatsApp no es, por sí sola, la verdad de un hecho.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes confirmó el rechazo de una demanda por daños y perjuicios fundada en una supuesta afectación a la dignidad. El actor denunciaba expresiones agraviantes pronunciadas en una reunión de padres y reproducidas, además, en un grupo de WhatsApp. Sin embargo, la prueba no alcanzó.

El tribunal no minimizó el derecho invocado. Todo lo contrario: reafirmó que la dignidad, el honor y la reputación son derechos personalísimos, protegidos por la Constitución, los tratados internacionales y el Código Civil y Comercial. Nadie tiene derecho a degradar, humillar o atacar gratuitamente a otro. Pero una cosa es reconocer la importancia de esos derechos y otra, muy distinta, es convertir toda acusación en una condena automática.

Ese es el corazón del fallo: la dignidad merece tutela reforzada, pero la responsabilidad civil exige prueba seria.

Los testimonios ofrecidos no fueron suficientes. La declaración más favorable al actor aparecía atravesada por contradicciones: la testigo dijo, por un lado, que no había presenciado los hechos y que conocía comentarios de terceros; luego afirmó haber escuchado determinadas frases. Otros testigos describieron una reunión ruidosa y desordenada, pero negaron haber advertido insultos o una discusión directa entre las partes.

No se trata de exigir testigos perfectos ni de desconocer que los conflictos suelen ocurrir en contextos confusos. Se trata de algo más básico: cuando se pretende una reparación económica por un hecho expresamente negado, la prueba debe generar convicción. Un testimonio aislado, ambiguo o contradicho por el resto de la evidencia difícilmente alcance para sostener una condena.

El punto más actual del pronunciamiento está en los chats. La Cámara fue clara: las capturas de pantalla son una reproducción del supuesto documento electrónico original, pero carecen por sí solas de elementos esenciales. No permiten saber con certeza quién escribió, si el contenido fue alterado, si la conversación está completa, si corresponde al número atribuido o si se preservó su integridad.

En otras palabras: una captura puede mostrar algo, pero no necesariamente prueba que ese algo sea auténtico.

Por eso, cuando la contraparte desconoce los mensajes, quien los invoca debe reforzar su evidencia: una pericia informática, la exhibición del dispositivo original, medidas que acrediten la titularidad de las líneas o mecanismos que permitan verificar la autenticidad e integridad del intercambio. Sin ese respaldo técnico, el chat queda reducido a un indicio frágil.

El fallo no abre la puerta a la impunidad digital. No dice que los insultos por WhatsApp sean irrelevantes ni que las agresiones en redes sociales no puedan generar responsabilidad. Dice algo más saludable: en el mundo digital, la gravedad de una acusación exige una prueba a su altura.

Porque proteger la dignidad no significa abandonar las reglas de prueba. Significa, precisamente, protegerla con seriedad.